'No le mueven ni una sola coma'. Punto

De tantos desaguisados como se presentan en la vida pública del país, prácticamente todos protagonizados por quienes forman parte del grupo hoy en el poder, el ciudadano común ha perdido su capacidad de asombro. Nada hay ya que le sorprenda. Por más ridículo, descabellado, grave, comprometedor, irresponsable e incluso delictivo, el acontecimiento de la semana, el que llama la atención de los medios y de la opinión pública uno o dos días, a veces más, incluso hay algunos yuxtapuestos en el tiempo, el resultado finalmente siempre es el mismo: un episodio más para la picaresca, para la burla y un nuevo capítulo en la ya interminable cadena de impunidad.

A principios de la presente semana se dio a conocer un hecho que hace un par de lustros se habría convertido en mayúsculo escándalo mediático y que hoy pasó casi inadvertido. Apenas por ahí en un medio impreso una breve nota dio cuenta de él. Se presentó en la llamada Plenaria de Morena, esa reunión que los legisladores de cada grupo parlamentario suelen tener inmediatamente antes del inicio de cada periodo de sesiones, para preparar su agenda legislativa.

Sucedió que a la Plenaria de los diputados de Morena, realizada el pasado fin de semana, acudió la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. Asistió con el fin de darles a conocer las prioridades legislativas del Ejecutivo para el próximo periodo de sesiones del Congreso. E inesperadamente ocurrió entonces lo impensable.

Resulta que en tal reunión una diputada federal de Morena, de nombre Elena Segura, denunció lo siguiente: “Lo digo --.expuso— con mucho respeto y claridad: ha habido ocasiones en que, en las iniciativas (de ley) que llegan (de la Presidencia de la República) encontramos incompatibilidades e incongruencias, antinomias jurídicas y lo hacemos del conocimiento de equipos de trabajo y literalmente nos dicen ‘no se mueve ni una coma’”.

“Y eso, consejera, nos provoca –le dijo a Luisa María Alcalde— que lo tengamos que defender y argumentar en el pleno (de la Cámara) y (en) comisiones, y que nos veamos vapuleados por la oposición; pero lo peor del caso es que (los opositores lo hacen) con argumentos legítimos”. Tal cual, no tuvo la diputada morenista reparo en confesar.

Para que no se fuera a creer que hablaba de memoria, la diputada Elena Segura citó al canto un par de ejemplos. En uno de los cuales, el relativo a las reformas en materia de abuso sexual, se tuvo que dar marcha atrás apenas unas semanas después. “La verdad es de (dar) pena”, no tuvo más remedio que lamentarse la diputada.

Sobre este tema, procede al menos un par de comentarios. El primero tiene que ver con la separación de poderes. De nada sirve que la Constitución establezca que el poder se divida para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial si uno de éstos controla a otro. Y peor aún si el control es con respecto a los otros dos, como ocurre en la realidad presente del país, en que el Ejecutivo tiene sometidos a los otros dos.

Algunos personeros de Morena han alegado que es natural que haya coincidencias en materia legislativa, si los integrantes de un poder y la mayoría del otro –el ejecutivo y el legislativo, respectivamente— proceden del mismo partido.

En parte eso es cierto, aunque en modo alguno justifica que los legisladores se vean, por razones de partido, obligados a defender y menos aún a aprobar aberraciones e incongruencias, que no pueden tener otro origen que la arbitrariedad y los caprichos derivados del fanatismo, como claramente es el caso según la crítica externada por la diputada Elena Segura.

El otro comentario es más bien una reflexión. Haber creado la Consejería Jurídica como parte de la reforma constitucional de diciembre de 1994, fue un subrayado acierto, porque separó de la entonces Procuraduría General de la República la función de ser a la vez el consejero jurídico del gobierno y fiscal, lo que claramente generaba un conflicto de funciones, para depositar la primera tarea en la nueva Consejería.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal reconoce a la Consejería Jurídica del gobierno el rango de secretaría de Estado. Tiene entre sus funciones (artículo 43-II) someter a la consideración y firma del Presidente todos los proyectos de iniciativas de Ley y decreto que envíe al Congreso, previa revisión y opinión jurídica de la propia Consejería sobre dichos proyectos. Es lo que debe hacer, y hacer bien, la señora Alcalde, pero prefiere perder el tiempo con su programa “Derecho de Réplica”, que no está entre sus funciones oficiales y que sólo sirve para enredar más las cosas. Allá ella.