Ocultar información
“La transparencia es la regla de oro de la democracia”. ANDRÉSMANUELLÓPEZ OBRADOR
Aplaudo la decisión, aunque haya sido a medias, de la presidenta Sheinbaum de revertir la reserva de la información relacionada con las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó originalmente que “La divulgación de esta información podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano”. Menos de un día después la hicieron cambiar de opinión: “Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en atención a las solicitudes de acceso a la información relacionada con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información”.
Esta reculada es muy importante en un gobierno que ha demostrado su aversión a la transparencia. A pesar de que el expresidente y líder máximo de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, declaró varias veces su adhesión a una filosofía de transparencia, su actuación en el gobierno fue exactamente la contraria. Reservó mucha de la información relevante de su sexenio.
En noviembre de 2021 publicó un “acuerdo” para ocultar la información de todas las obras de infraestructura del gobierno. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) lo impugnó y la Suprema Corte lo declaró inconstitucional en 2023 ya que violaba el derecho a la información. López Obrador, sin embargo, no dejó de luchar por la opacidad. Después del fallo de la Corte, publicó un nuevo decreto, también en 2023, ordenando nuevamente el ocultamiento de la información de sus principales obras públicas, ahora por “razones de seguridad nacional”. Este se mantuvo firme.
La presidenta Sheinbaum ha conservado la política de opacidad. Para evitar cuestionamientos molestos, eliminó el INAI e impulsó una reforma al poder judicial que nos ha dado los jueces, magistrados y ministros del acordeón, los que nunca le saldrán al gobierno “con el cuento de que la ley es la ley”.
El nuevo golpe a la transparencia en el caso de Rocha Moya e Inzunza, sin embargo, le iba a resultar muy costoso al país. La presidenta está comprometida en una batalla para demostrar que México no está gobernado por los cárteles, como ha afirmado en repetidas ocasiones el presidente estadounidense Donald Trump. No es una lucha fácil; hay que enfrentarla no solo con integridad, sino también con inteligencia. Pero ocultar la información no es inteligente.
Varias veces he planteado aquí mi convicción de que el gobierno federal mexicano no es cómplice del narco, lo que me ha ganado muchas mentadas de los lectores. En los últimos años han sido constantes los golpes de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado. Sin embargo, es difícil convencer de la verdad de esta lucha cuando el expresidente López Obrador prometía abrazos a los criminales, saludó de mano a la madre del Chapo Guzmán, mandó una carta al gobierno estadounidense pidiendo un trato más suave para este criminal y liberó a su hijo Ovidio la primera vez que fue capturado. Hoy, el rechazo de la presidenta Sheinbaum a detener y extraditar a los 10 de Sinaloa acusados por la justicia estadounidense vuelve a poner en duda esta independencia ante el narcotráfico.
Para contrarrestar la idea de que el régimen es cómplice del narco se requiere de mucho trabajo y gran transparencia. Ocultar la información sobre dos acusados por Estados Unidos solo complicaba los esfuerzos por limpiar el nombre del gobierno. Qué bueno que la presidenta se echó para atrás.
SEGUNDO TIRADOR
Ocho meses pasó en la cárcel por un asesinato que no pudo cometer porque los disparos fueron hechos a quemarropa y él no se encontraba cerca. Jorge Antonio Sánchez Ortega, acusado por AMLO de ser el segundo tirador contra Colosio en 1994, fue exonerado nuevamente. Ha sido uno más de los presos políticos de este régimen.
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