Otra más para el altar de muertos
La renuncia de Guadalupe Taddei es un golpe a la autoridad electoral, pero también a la ya lastimada democracia mexicana. Su nombramiento -y papel- en casos clave generaron cuestionamientos sobre la politización del órgano y su independencia del partido oficial. Como señala El País, ella fue útil para avalar “decisiones como las campañas anticipadas de las llamadas “corcholatas”, en 2023; la sobrerrepresentación de Morena, PVEM y PT, en agosto de 2024, o el uso de acordonamiento en la elección judicial de 2025”. Su renuncia ocurre en plena preparación del proceso electoral de 2027 y tras organizar la cuestionada elección judicial de 2025.
El INE (antes IFE) había contado con la confianza de las/los mexicanos y se encontraba entre las instituciones electorales mejor evaluadas de América Latina. Sin embargo, en algunas encuestas recientes, ha perdido confianza y es visto (por la mitad de la población) como una institución politizada. Durante la gestión de Taddei, el porcentaje de personas que dijeron tener confianza en los institutos electorales disminuyó en 6.6 puntos porcentuales. Una encuesta de El Financiero muestra, además, que la diferencia en confianza entre quienes son partidarios del gobierno y quienes no lo son es abismal, con 30 puntos de diferencia. Antes, esta brecha era menor.
La falta de una autoridad electoral confiable reduce la participación, erosiona la calidad democrática y la legitimidad del sistema. Según la ENCOAP (Inegi, 2025), 62% de la población reportó haber votado en las últimas elecciones locales mientras que solo 29% dijo haber votado en una consulta nacional o estatal. A la vez, 36% de los encuestados consideró que votar en las elecciones municipales o de alcaldías influye significativamente en las políticas gubernamentales, mientras que 32% opinó que no influye o tiene “influencia limitada”. La percepción sobre la utilidad de votar en una consulta popular es significativamente menor. Las personas participen menos en ejercicios que consideran poco útiles o en procesos en los que no confían.
La confianza institucional no solo depende de la capacidad institucional (para responder y/o actuar), sino también de la opinión sobre la integridad de quienes forman parte de una institución y de la creencia en la imparcialidad institucional. Una institución politizada es una institución sin confianza para una parte de la población. Una institución electoral politizada se traduce en una democracia -y un Estado- débil, sin legitimidad social.
Al momento del nombramiento de Taddei, la Presidencia emitió un comunicado en el que afirmaba: “con el tiempo se conocerá cuál es la visión democrática de la nueva dirigencia del INE. Si continúa los pasos de su predecesor representante de una visión de la democracia reducida a los procesos electorales y promovida desde arriba […] o una visión que conciba a la democracia como forma de vida en la que el pueblo sea el promotor y el conquistador de libertades sin implorarlas a las minorías.” El tiempo reveló cuál era su visión. Su renuncia, sin embargo, no subsana el daño a la legitimidad del órgano electoral. El INE se suma a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, al INAI y la CNDH: instituciones autónomas y de contrapeso que caen en la Cuarta Transformación.
@cataperezcorrea