Pactar
ÁTICO.- Por donde se mire, asoman los costos para Sheinbaum del legado de AMLO.
Cómo se llega al poder determina, en buena medida, el margen para gobernar. Con cínico pragmatismo, AMLO aceptó a cualquiera en su coalición, sin importar sus antecedentes, para ganar en 2018 y ampliar su mayoría en 2021. Ese año, en varios estados Morena contó con el apoyo del crimen organizado para ganar la elección.
El candidato que prometió una regeneración nacional partió del clásico “el fin justifica los medios”. Incluso aliarse con el diablo estaba permitido, pues había un “objetivo” superior: primero los pobres.
El espacio para gobernar se puede ampliar con talento político, como el de López Obrador. A Sheinbaum no sólo le faltan los instintos políticos de su antecesor, sino que carga con todas sus obras absurdas y otros entuertos. Para operar, mantiene en puestos clave a funcionarios que le deben su carrera al expresidente, como la secretaria de Gobernación.
Le toca administrar este legado, y no como mera sucesora ajena a lo heredado. Los aliados de aquella coalición la ayudaron a ganar la Presidencia en 2024 con un margen amplísimo. Gracias a ellos tiene la mayoría constitucional para cambiar el régimen político casi sin restricciones, pero ahora tiene que enfrentar las implicaciones de un pacto que ya es suyo.
En los destapes para los gobiernos estatales que se disputan en 2027, Sheinbaum ha priorizado evitar el conflicto con los gobernadores salientes, pues sabe cuánto depende de ellos. Los ganadores no son políticos cercanos a ella, a diferencia de lo que hizo AMLO y de lo que solía ocurrir en el viejo régimen priista.
En dos años en el poder no construyó las redes suficientes para hacerlo.
No puede ahora continuar con el discurso de la austeridad republicana y al mismo tiempo aceptar que el candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo sea Eugenio “Gino” Segura, exsecretario de Finanzas y Planeación de Mara Lezama, señalado por viajar en avión privado varias veces junto con la gobernadora. Tampoco debería sorprenderse si la candidata de Morena en Baja California, Julieta Ramírez, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga, según un medio de comunicación, termina con problemas en ese país.
Por donde se mire asoman los costos del legado de AMLO. La FGR, cuya autonomía es ya una ficción, se detiene cuando toca a quienes trabajaron con él.
Basta como ejemplo que no sea capaz de encontrar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda, citado como testigo en el caso de huachicol fiscal. El gobierno le paga una pensión, pero no quiere oír lo que sabe.
No se puede aspirar a combatir la corrupción si los corruptos se saben impunes. Peor aún, cuando saben que la Presidenta los necesita para ganar la elección intermedia de 2027.
Por más que Sheinbaum colabore con Estados Unidos contra el crimen organizado, sus éxitos quedan opacados por la coalición que AMLO armó. Hasta ahora ha optado por no ir contra los diez funcionarios sinaloenses, encabezados por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, cuya extradición pidió hace meses Estados Unidos por colusión con el crimen organizado. Dos de sus colaboradores, el general Gerardo Mérida, secretario de Seguridad, y Enrique Alfonso Díaz Vega, responsable de Finanzas, ya comparten lo que saben con las autoridades del país vecino.
Ante la impotencia, nada como culpar al extranjero y afirmar, como lo hizo con orgullo el día del desfile militar, que México “no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”. México no, pero la Presidencia es otra cosa. Para llegar a ella, Sheinbaum aceptó muchos acuerdos y ha hecho nuevos en las candidaturas ya anunciadas. Todo para mantener al movimiento unido y no arriesgarse a perder una elección. Puede que sea la manera de ganar en 2027, pero cada acuerdo le dificulta gobernar y enfrentar los abusos de su coalición. El pacto original fue de AMLO. Con cada decisión que lo ratifica, lo hace suyo.