Plantean en Durango castigar con mayor severidad fraudes y extorsiones mediante inteligencia artificial
Las penas por delitos como fraude, extorsión y suplantación de identidad podrían aumentar hasta en una mitad cuando se utilice inteligencia artificial para cometerlos o facilitar su ejecución, de acuerdo con una iniciativa que busca incorporar agravantes al Código Penal del Estado de Durango.
La propuesta fue presentada por la diputada local Rocío Rebollo Mendoza, ante el crecimiento de prácticas delictivas que aprovechan herramientas digitales para imitar voces, fabricar imágenes y videos falsos o hacerse pasar por otras personas con el propósito de engañar y obtener dinero.
La legisladora expuso que estas tecnologías pueden utilizarse para realizar llamadas falsas en las que alguien suplanta la voz de un familiar y exige transferencias de dinero mediante amenazas o engaños. También advirtió sobre la manipulación de imágenes y videos que pueden afectar la intimidad, la reputación y la seguridad de las personas.
Como referencia de la dimensión del problema en la entidad, citó datos del Módulo sobre Ciberacoso 2025 del INEGI, según los cuales el 24.5 por ciento de la población usuaria de internet, de 12 años y más en Durango, experimentó alguna situación de ciberacoso. Entre las conductas registradas se encuentran el contacto mediante identidades falsas, la suplantación de identidad, las amenazas y la difusión de información personal.
La iniciativa plantea que el uso de inteligencia artificial sea considerado una agravante cuando tenga una participación relevante en la comisión del delito, permita suplantar identidades, manipular contenidos, engañar a las víctimas, dificultar la identificación del responsable o aumentar el daño ocasionado. Para aplicar el incremento de las penas, la autoridad tendría que demostrar esa relación y no solamente que se utilizó un teléfono, una computadora o una aplicación.
El proyecto también contempla sancionar a quienes, con conocimiento de una finalidad delictiva, diseñen, programen, modifiquen o proporcionen mantenimiento a sistemas de inteligencia artificial y participen efectivamente en la preparación o ejecución de un delito.
Rebollo Mendoza aclaró que la propuesta no pretende criminalizar el desarrollo ni el uso legítimo de estas herramientas. Por ello, establece que crear, comercializar, reparar o utilizar tecnología no será motivo suficiente para atribuir responsabilidad penal si no existe participación consciente en una conducta delictiva.