Proponen castigar uniones forzadas de menores en Durango; darían hasta 15 años de prisión
Obligar o inducir a una persona menor de edad a establecer una convivencia similar a la matrimonial podría castigarse en Durango con penas de ocho a 15 años de prisión, de acuerdo con una iniciativa que busca incorporar el delito de cohabitación forzada al Código Penal del Estado.
La propuesta fue presentada por la diputada local Sughey Torres Rodríguez, quien planteó sancionar también a quienes promuevan o faciliten estas uniones, incluso cuando no exista un matrimonio formal.
La iniciativa contempla aumentar las penas hasta en una mitad cuando se utilice violencia física o psicológica, amenazas o intimidación; exista abuso de una relación de autoridad, tutela o cuidado; se busque obtener un beneficio económico, o la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana. Además de la prisión, se propone imponer multas de mil a dos mil 500 días.
El proyecto considera cohabitación forzada cuando una persona menor de 18 años, o alguien que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, es obligada o inducida a mantener una convivencia constante y similar a la de un matrimonio, ya sea con otra persona menor de edad o con una adulta.
PERSISTEN UNIONES INFORMALES
La legisladora argumentó que, aunque el matrimonio infantil está prohibido, persisten uniones informales que pueden vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, sostuvo que es necesario establecer herramientas legales para sancionar estas prácticas, aunque no exista un vínculo matrimonial reconocido.
Como referencia de la problemática, citó datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que registró 224 mil 454 adolescentes de entre 12 y 17 años casados o en unión libre en el país. También mencionó que Durango tuvo ese año una razón de fecundidad forzada de 2.1 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años, según datos del Consejo Nacional de Población.
La propia iniciativa precisa que estas cifras no corresponden exclusivamente a casos de cohabitación forzada ni permiten determinar que todas esas uniones hayan sido impuestas. Al proyecto se sumaron las diputadas Gabriela Vázquez Chacón y Delia Enríquez.