Proponen en el Congreso de Durango priorizar a la familia en las leyes
En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Planeación, con el objetivo de incorporar el principio del interés superior de la familia como eje obligatorio en la toma de decisiones públicas.
La propuesta de la diputada local Verónica González Olguín plantea que toda ley, programa o política pública considere de manera expresa sus efectos en la vida familiar. De acuerdo con lo expuesto en tribuna, la intención es que la perspectiva de familia quede establecida en el texto constitucional local y se traduzca en criterios vinculantes para el diseño y evaluación de acciones gubernamentales.
La reforma a la Ley de Planeación contempla que, desde la elaboración de los planes estatales y municipales de desarrollo, se analice el impacto que las estrategias públicas puedan tener en la estabilidad y el desarrollo de las familias. Esto implicaría incorporar evaluaciones específicas dentro de los instrumentos de programación y presupuestación.
Durante la sesión ordinaria, la legisladora señaló que la familia constituye un espacio primario de formación y acompañamiento para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Bajo esa premisa, sostuvo que las políticas públicas deben construirse con una visión integral que considere no solo a individuos, sino también el entorno familiar en el que se desarrollan.
La iniciativa argumenta que tanto la Constitución federal como diversos instrumentos internacionales reconocen a la familia como elemento fundamental de la sociedad. No obstante, plantea que es necesario establecer mecanismos normativos que obliguen a traducir ese reconocimiento en criterios concretos dentro de la planeación gubernamental.
El proyecto fue turnado a Comisiones para su análisis y dictaminación. De aprobarse, implicaría modificar el marco constitucional estatal y ajustar la legislación secundaria en materia de planeación, con el propósito de que las decisiones públicas incluyan de manera explícita una evaluación de su impacto en las familias del estado.