Proponen licencia de conducir permanente para este estado, ¿a partir de cuándo?

Recientemente, los diputados y diputadas dieron lectura a cinco iniciativas propuestas por ellos mismos; entre ellas se encuentra la del gobernador Rubén Moya, quien propuso que la licencia de conducir para los ciudadanos sea permanente.

En la iniciativa se propone que los automovilistas y los motociclistas obtengan una licencia, la cual sea permanente, esto con el objetivo de reducir los costos innecesarios de la ciudadanía, provocar cargas administrativas recurrentes a la autoridad, saturar los módulos de atención y de procesos repetitivos.

¿Cuáles son las cinco iniciativas propuestas?

• Iniciativa del Ejecutivo del Estado: propone reformar los artículos 361, segundo párrafo, y 367, adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 361 de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, adicionar el inciso D) a la fracción I del artículo 48 de la Ley de Hacienda, en materia de licencia de conducir permanentemente.

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Iniciativa propuesta por el gobernador Rubén Moya; en la actualidad, se establece que la licencia cuenta con una vigencia máxima obligatoria; lo que se pretende con la iniciativa es cambiar la licencia de manera permanente.

La licencia permanente deberá expandirse bajo las modalidades de vigencia determinada; en el caso de las licencias de modalidad determinada, tendrán una vigencia de máximo cuatro años.

• Iniciativa de Morena: Guadalupe Santana propone reformar el artículo 25 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa, que garantiza la acreditación y certificación vigente de los profesionales de la salud mental.

En esta propuesta, los profesionales de salud mental tendrán la obligación de acreditar todas sus funciones: título, cédula profesional, certificados de especialización vigentes, contar con estudios de posgrado a nivel de maestría en psicología clínica o psicoterapia.

• Iniciativa de Morena: Reynalda Urías propone adicionar a la fracción IV Bis al artículo 26 y un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; establece la notificación obligatoria al Ministerio Público y la valoración integral en casos de embarazo en niñas y adolescentes.

La propuesta adiciona que, en coordinación con las autoridades del sector salud y otras instancias, deberán establecer mecanismos de notificación obligatoria al Ministerio Público en los casos que se atiendan partos de menores de 15 años.

En el caso de las adolescentes de 16 años a 17 años, se deberá realizar una valoración institucional, integral, médica, psicológica y social, esto con la finalidad de detectar situaciones de violencia, riesgo y vulnerabilidad y canalizar su caso a las autoridades.

• Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS y de las ciudadanas Emma Contreras y Liliana Diaz: que proponen reformar el primer párrafo del artículo 225 y el artículo 226 del Código Penal del Estado de Sinaloa, en materia de agravantes del delito de despojo.

Se propone un incremento en las penas base, así como proteger los derechos de la propiedad y posesión legítima de los inmuebles, salvaguardar a grupos vulnerables, así como combatir la impunidad asociada a las prácticas fraudulentas y violentas.

En la propuesta, se pretende incrementar las sanciones de 5 a 10 años de prisión y de 200 a 700 días de multa y con más de un 50% cuando el delito se cometa con dos o más personas (organización), de una persona vulnerable, si tiene algún parentesco o documentación falsa.

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• Iniciativa del diputado Eligio Lopez Portillo: propone reformar la fracción III del artículo 67 Bis I y el artículo 67 Bis J de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para establecer un plazo máximo de notificaciones derivadas de auditorías a los ayuntamientos.

En este primero se establece que es una obligación mostrar informes de las revisiones y auditorías que se realicen con el objetivo de verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de los ayuntamientos.  Con la nueva propuesta se tendría un plazo no mayor a los 30 días hábiles luego de la llegada de la notificación.

En la segunda reforma, se propone agregar responsabilidad en los términos de disposición legal donde los servidores públicos no guarden la información o documentos.