¿Qué está pasando en el Tribunal Electoral?
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es una de las instituciones más importantes, pero, al mismo tiempo, es una de las menos comprendidas en nuestro país; para muchas personas es difícil distinguirlo del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales electorales estatales, de sus salas regionales o incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluso, algunos todavía le llaman TRIFE.
Hasta hace poco, las magistraturas de la Sala Superior eran nombradas por el Senado a partir de propuestas de la Suprema Corte, pero la reforma de 2024 estableció que serían elegidas mediante voto ciudadano, por lo que apenas el año pasado se eligieron las 2 vacantes existentes: Gilberto Bátiz, actual presidente del Tribunal, y Claudia Valle, siendo que los demás integrantes proceden todavía del sistema anterior. Todo esto viene a colación por la sorpresiva renuncia de la magistrada Mónica Soto, quien tenía una trayectoria de más de 30 años en materia electoral; incluso había presidido ese tribunal, tenía asegurada su permanencia hasta 2028 y la posibilidad de buscar un nuevo periodo mediante el voto ciudadano. Aunque el TEPJF debe contar con 7 magistraturas, ya funcionaba solamente con seis desde que Janine Otálora concluyó su encargo en octubre de 2025; con la salida de Mónica Soto quedarán 5 integrantes.
La Constitución dice que estas renuncias solo procederán por causas graves y deberán ser aprobadas por el Senado; el problema es que estas causas graves quedan sujetas a la valoración del órgano legislativo, quien tuvo un debate muy interesante al respecto. A pesar de que al final de cuentas fue aprobada, la falta de una explicación más amplia produjo rápidamente toda clase de teorías: un genuino cierre de ciclo personal, desgaste por los conflictos internos, cambios en las alianzas dentro del Tribunal, la decisión de no competir en 2028 o la posibilidad de recibir más adelante otro encargo público; por lo pronto, todo son especulaciones.
Ahora bien, a partir del 1 de septiembre, el TEPJF tendrá esta nueva vacante. La Constitución reformada establece que, ante una separación definitiva, debe llamarse a la persona del mismo género que haya quedado en segundo lugar en la elección correspondiente; el problema es que Mónica Soto fue designada por el Senado en 2016 y su espacio nunca fue votado. El escenario más probable es que el lugar permanezca vacío hasta la elección judicial de 2028.
La Sala Superior puede seguir trabajando porque necesita al menos 4 integrantes para sesionar válidamente en la mayoría de sus asuntos; sin embargo, operar con 5 de 7 magistraturas reduce la pluralidad y vuelven mucho más relevantes las ausencias, excusas, impedimentos y posibles divisiones internas.
A todo esto se suma el calendario electoral; durante la primera semana de septiembre comienza el proceso electoral, y el Tribunal deberá resolver las controversias relacionadas con la renovación de la Cámara de Diputados y con los numerosos procesos concurrentes del próximo año.
Ahora no se trata de quién ocupará una silla vacía (si es que se ocupa), sino que también debemos estar atentos a los equilibrios y la legitimidad con la que llegará el máximo tribunal electoral; no tan solo es importante la confianza en las instituciones que organizan las elecciones, sino también en quienes tendrán la última palabra cuando las elecciones sean impugnadas.
X: @omarortegasoria