Rechazan privatización del agua en Guadalajara
Siguen brotando lecciones para otras ciudades metropolitanas del país: Después de la brutal represión a la megamarcha del 11 de octubre por agua limpia en Guadalajara, colectivos, organizaciones, comunidades, especialistas y personas en lo individual suscribieron el día 15 un pronunciamiento de rechazo al modelo de contratación C-MRO -esquema de asociación público-privada para Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación- propuesto por el Gobierno de Jalisco para la construcción y operación del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, así como a la autorización de compromisos financieros de hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años, sin que haya demostrado suficientemente su conveniencia económica, social, ambiental y financiera. Continúan, en tanto, las denuncias de agua podrida en hogares de distintas colonias de la metrópoli jalisciense. Una segunda megamarcha se prevé para este domingo 18, de Parque Rojo a Palacio de Gobierno.
Advierten que el proyecto que presentó el gobierno de Jalisco podría profundizar un modelo de gestión hídrica que privilegia grandes obras de infraestructura y contratos con particulares, mientras persisten problemas estructurales como la contaminación de fuentes de agua, deterioro del lago de Chapala, degradación de ríos y acuíferos, fugas en las redes de distribución y desigualdades en el acceso al agua potable.
La crisis hídrica que enfrenta Jalisco exige soluciones de fondo. Sin embargo, los firmantes del pronunciamiento consideran inaceptable que esta situación se utilice para justificar compromisos financieros de largo plazo sin garantizar previamente transparencia, participación ciudadana, consulta a las comunidades potencialmente afectadas y evaluación integral de las alternativas disponibles.
El derecho humano al agua no puede subordinarse a los intereses económicos de empresas privadas ni utilizarse para comprometer los recursos públicos de las próximas generaciones.
En la revisión de los documentos oficiales del Acueducto (Proyecto Ejecutivo, Análisis Costo-Beneficio y Plan de Financiamiento), encontraron 146 observaciones y 52 contradicciones.
Estos señalamientos, junto con los cuestionamientos metodológicos presentados en la Auditoría Ciudadana al Análisis Costo-Beneficio del Acueducto Sustituto, hacen indispensable una revisión pública de la iniciativa antes de cualquier decisión legislativa.
Por lo tanto, rechazan el Modelo C-MRO por sus riesgos de privatización, dependencia contractual y endeudamiento público.
Aunque el gobierno estatal sostiene que el proyecto no privatiza el agua ni concesiona el servicio, el esquema C-MRO contempla transferir a un particular, durante 20 o 25 años, funciones estratégicas de construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua a Guadalajara.
Esta modalidad puede conservar formalmente la propiedad pública de los activos y, al mismo tiempo, trasladar decisiones operativas y generar una dependencia prolongada respecto de empresas privadas.
Señalan en particular los riesgos de privatización de infraestructura estratégica y de compromisos financieros con efectos semejantes al endeudamiento público.
Es tal la magnitud financiera, ambiental y social del proyecto, que hace indispensable que su revisión legislativa se realice mediante mecanismos efectivos de Parlamento Abierto.
Exigen audiencias públicas, comparecencia de autoridades responsables, participación de comunidades y especialistas independientes, y publicación íntegra de la documentación técnica, ambiental y financiera.
El Congreso debe abrir el debate sobre el modelo de gestión del agua, las alternativas de infraestructura, los compromisos financieros y las prioridades ambientales del estado, debatir y analizar el acueducto, el plan emergente y todo el plan integral que entregó al Congreso.
Exigen, por tanto, lo siguiente al Congreso de Jalisco:
No apruebe la iniciativa del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, y someta a revisión integral la modalidad C-MRO propuesta.
Garantice que la infraestructura y la gestión estratégica del agua permanezcan bajo control público, con evaluación de las implicaciones de privatización que podría generar el contrato.
Transparente y evalúe las obligaciones financieras multianuales, incluidas las que legalmente deban reconocerse como deuda pública, sus garantías, riesgos y efectos presupuestarios.
Publique el análisis de valor por dinero, el comparador público-privado y la evaluación completa de riesgos que justifique la modalidad de contratación.
Someta a revisión técnica independiente el Análisis Costo-Beneficio, sus supuestos, fuentes, metodología y resultados, e incorpore el presupuesto y diseños definitivos.
Realice una evaluación independiente sobre las condiciones del acueducto actual y las alternativas de rehabilitación, reducción de fugas, saneamiento, reutilización y abastecimiento.
Publique un balance hídrico integral del lago de Chapala, con escenarios de sequía, extracción efectiva, necesidades ecológicas e impactos sobre las comunidades ribereñas.
Garantice mecanismos efectivos de información, participación y consulta a las comunidades potencialmente afectadas, y esclarecer las denuncias de negativas de acceso y ocultamiento de información.
Convoque a un Parlamento Abierto antes de dictaminar y votar la iniciativa, con audiencias públicas, participación comunitaria y revisión de especialistas independientes.
Garantice un Congreso Abierto, con acceso a la información legislativa, publicidad de los dictámenes, transparencia de votaciones y respuesta fundada a las observaciones ciudadanas.
Incorpore la restauración del lago de Chapala, el río Santiago, otros ríos, acuíferos y fuentes de abastecimiento como prioridad de la política hídrica, con programas públicos verificables, presupuestos suficientes y participación de las comunidades.
Ojalá se entienda.
kardenche26@gmail.com