Red de actas falsas acumula 30 detenidos en Durango
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con una red dedicada a la falsificación de actas del Registro Civil, esquema que presuntamente operó durante varios años en distintos municipios del estado y que involucraría tanto a particulares como a servidores públicos.
De acuerdo con los registros de la Fiscalía anticorrupción, como parte de esta estrategia de investigación iniciada desde 2023 se han detenido alrededor de 30 personas presuntamente vinculadas a proceso por estas operaciones ilegales y se han ejecutado más de 40 cateos en distintos puntos del estado, para desarticular las redes dedicadas a la alteración y expedición de documentos oficiales falsos.
Las acciones ministeriales y operativas se han desarrollado en municipios como Durango, Vicente Guerrero, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Cuencamé, Poanas, Nombre de Dios y Guadalupe Victoria, donde las autoridades han asegurado impresoras, equipos de cómputo, teléfonos celulares y diversa documentación presuntamente utilizada para la elaboración de actas apócrifas.
Entre los casos detectados destacan actas de defunción presuntamente utilizadas para intentar realizar cobros indebidos de seguros, así como actas de nacimiento relacionadas con personas extranjeras, documentos que habrían servido para facilitar trámites irregulares o acreditar identidades falsas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que las investigaciones han permitido también avanzar en la recuperación de recursos públicos mediante acuerdos reparatorios y sanciones económicas derivadas de los procesos judiciales. En este contexto, destacó el incremento en los ingresos del Registro Civil estatal, al pasar de 37 millones de pesos en 2022 a 90 millones de pesos en 2025, situación que, según la dependencia, refleja un mayor control administrativo y el combate a prácticas ilegales que afectaban la recaudación oficial.
Las autoridades sostienen que estas redes operaban mediante la participación coordinada de particulares y funcionarios con acceso a documentación oficial, lo que facilitaba la emisión de registros alterados o inexistentes. Por ello, las investigaciones continúan abiertas para detectar nuevos casos, ubicar a más involucrados y evitar que estos esquemas vuelvan a operar.
La Fiscalía anticorrupción aseguró que los operativos y procesos judiciales forman parte de una estrategia permanente de vigilancia y depuración institucional enfocada en proteger la legalidad de los registros civiles y prevenir delitos relacionados con falsificación documental, fraude y corrupción administrativa.