Postura. La oposición en el Congreso del Estado señaló abandono institucional hacia víctimas de delitos.
Tras el informe de actividades 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Congreso de la Unión se generaron reacciones señalando que México vive una crisis en la materia que no puede seguir siendo ignorada ni minimizada.
Durante su intervención en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada federal Patricia Jiménez Delgado expresó que hablar de derechos humanos en el país es hablar de una realidad que involucra desapariciones, homicidios, violencia, impunidad y abuso de poder que se han vuelto cotidianos.
Señaló que esta situación se ha normalizado y que "el Gobierno Federal se ha negado a reconocer la magnitud del problema, mientras que la CNDH ha dejado de actuar con la fuerza, independencia y valentía que la Constitución le exige". Destacó que las violaciones a los derechos humanos no solo ocurren cuando el Estado actúa mal, sino también cuando omite, tolera o encubre la violencia.
Uno de los temas que abordó fue el de las personas desaparecidas. Señaló que México enfrenta una tragedia humanitaria, con miles de familias que buscan a sus personas desaparecidas sin el apoyo real del Estado. Madres, padres y colectivos salen a buscar con sus propios recursos en fosas y terrenos, arriesgando su vida, mientras las autoridades fallan en investigar y sancionar a los responsables.
La diputada duranguense denunció además el uso de instituciones del Estado para perseguir o intimidar a personas críticas del poder, así como los ataques constantes a periodistas y defensores de derechos humanos. Recordó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y que la estigmatización desde el poder solo agrava la violencia.
Patricia Jiménez expresó su preocupación por la situación de migrantes, niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan detenciones arbitrarias, violencia, reclutamiento forzado y abandono institucional, sin que exista una respuesta clara y contundente por parte del Estado ni de la CNDH.
"México necesita una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, autónoma y valiente, que defienda a las víctimas y enfrente al poder cuando se violan los derechos de las personas", finalizó.