¿Será el caso de México?
En México, la violencia no es un episodio aislado ni un exceso de los márgenes. Es un hilo conductor que atraviesa territorios, generaciones y oficios. De las campañas locales salpicadas de sangre a la vida digital de jóvenes que convirtieron su imagen en sustento, el país acumula una secuencia de hechos que ya no sorprenden y, sin embargo, siguen erosionando la idea misma de normalidad democrática.
El mapa de la violencia política se ha vuelto rutinario. Informes de consultoras especializadas y crónicas locales documentan centenares de agresiones contra aspirantes y autoridades municipales en cada ciclo electoral: amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos que se concentran en estados donde el crimen organizado disputa rutas, plazas y protección. La lógica no siempre es ideológica; con frecuencia es de control territorial. El candidato incómodo, el alcalde que no negocia o el periodista que nombra lo que otros callan se convierten en objetivos. En regiones de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chihuahua o Sinaloa, la contienda electoral convive con pactos opacos y con el mensaje brutal de los cuerpos exhibidos.
Ese mismo patrón ha alcanzado a una generación que no militaba en partidos sino en redes. Influencers y creadores de contenido —sobre todo jóvenes con alcance masivo en Instagram, TikTok o YouTube— han quedado atrapados en la colisión entre la economía de la atención y la economía criminal. Secuestros grabados, desapariciones y homicidios de figuras digitales en el noroeste del país, con particular crudeza en Sinaloa, ilustran cómo el crimen ya no solo coacciona a políticos tradicionales: también castiga la visibilidad, el lujo ostentado o la simple cercanía con entornos de riesgo. La pantalla que antes parecía un refugio se volvió vitrina y, a veces, sentencia. La muerte de jóvenes con cientos de miles de seguidores no es un “exceso mediático”; es la extensión lógica de un orden en el que el monopolio de la fuerza está fragmentado y la impunidad es la regla.
La paradoja es cruel: mientras se celebran procesos electorales y se renuevan cargos, el costo de participar —o siquiera de hacerse visible— sigue siendo inaceptable en amplias franjas del territorio.
Frente a ese telón de fondo, las firmas de opinión pública más consolidadas del país —Parametría, Consulta Mitofsky, Buendía & Márquez, Enkoll y otras con trayectoria en medición electoral— han coincidido, con matices de magnitud, en un diagnóstico estable: Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación mantienen un piso de aceptación claramente superior al de la oposición.
De cara a los comicios intermedios en los que se renovará la Cámara de Diputados y cerca de una veintena de gubernaturas, ese caudal no se ha evaporado. Las encuestadoras no miden solo simpatía abstracta: captan la percepción de quién “está del lado de la gente”, aunque esa percepción conviva con crítica a la inseguridad, la debilidad institucional o el manejo económico. El dato duro es político: Morena parte como favorito para conservar una posición dominante en el Congreso y para pelear, con altas probabilidades, la mayoría de las entidades en disputa. La oposición llega fragmentada, con desgaste de marcas tradicionales y sin un relato unificado capaz de capitalizar el hartazgo por la violencia.
La popularidad, sin embargo, no es sinónimo de ampliación de libertades, en el caso actual es todo lo contrario. El actual régimen ha demostrado que la legitimidad de las urnas puede usarse para estrechar el espacio de la sociedad civil, la crítica y los contrapesos. La pretendida reforma en materia de derechos de las audiencias se inscribe en esa lógica: bajo el lenguaje de la “democratización” mediática o de la protección al público, se abre la puerta a mayor injerencia política sobre contenidos, concesiones y líneas editoriales. Es el nuevo lance de la 4T, que busca suprimir claramente cualquier espacio de libertad ciudadana. Cuando el poder que ya concentra la narrativa oficial pretende además regular con más dureza lo que se dice y se escucha, el riesgo no es teórico. Es el de convertir la disidencia en falta administrativa, la crítica en “desinformación” sancionable y el pluralismo en un formalismo vacío.
Se puede esperar, por tanto, continuidad en dos planos que no se anulan entre sí: por un lado, la reproducción electoral de la 4T mientras las encuestas y la maquinaria territorial lo permitan; por el otro, el avance de un proyecto que tolera mal los resquicios de autonomía —periodística, digital, ciudadana— y que administra la violencia más de lo que la desarticula. En Sinaloa y en el resto del país, los jóvenes que caen por hacerse visibles y los candidatos que caen por competir son síntomas del mismo deterioro: un Estado que no garantiza la vida ni la palabra, pero que sí disputa el control de ambas.
La pregunta que queda no es sólo cuántos escaños o gubernaturas conservará Morena. Es si la sociedad mexicana podrá defender, frente a un poder aún popular, esos espacios mínimos donde todavía es posible disentir sin pagar con la libertad o con la vida. Y esto está en verdadero riesgo de seguir acercando a México al despeñadero. Todas las autocracias son malas, pero particularmente las populistas, suelen dañar aún más a un país.
¿Será el caso de México?