Suspenden la presa Milpillas y cancelan La Parota
Grandes victorias de los pueblos, casi al mismo tiempo: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) logró, luego de 23 años de lucha, la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota en Acapulco, Guerrero, mientras el Movimiento en Defensa del Río Atenco obtuvo en Zacatecas, tras 10 años de resistencia, la suspensión de obras del Proyecto Presa Milpillas, parte del Macroproyecto de Infraestructura Hídrica 2025-2030 incluido en el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta informó el 26 de julio en Acapulco la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota porque afectaba a las comunidades rurales de este municipio.
Durante un acto de incorporación de beneficiarias a la Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria dijo que informó el día anterior a pobladores de la zona rural de Acapulco, de la decisión de cancelar de manera definitiva el proyecto de presa La Parota.
Explicó que el gobierno federal optó por sustituir la presa por un sistema de pozos y tanques elevados que permitirá llevar agua potable a distintas colonias y al puerto.
No obstante, la tensión y los bloqueos intermitentes de los habitantes en la zona continúan. La situación es complicada.
En ese contexto, el Cecop celebró su 23 aniversario el 26 de julio.
El Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota estaba integrado al Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá, firmado el 15 de junio de 2001.
Tal proyecto hubiera afectado cinco municipios: Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa, inundando 17 mil 300 hectáreas de selva mediana y baja, así como tierras de cultivo, carreteras y puentes tras una cortina de 192 metros de altura sobre el río Papagayo; habría significado el desalojo de 25 mil campesinos y la afectación de 80 mil más que viven y siembran río abajo.
Uno de tantos momentos relevantes de esa lucha iniciada en 2003, sucedió el 12 de agosto de 2007, cuando en Asamblea Comunal legalmente convocada e instalada, frente al director de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la totalidad de comuneros de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en número mayor a cinco mil, unánimemente votaron en contra de la construcción de la presa La Parota en su territorio.
Dicha asamblea fue programada por las autoridades agrarias y la CFE como intento para revertir los juicios del Tribunal Unitario Agrario N° 41 con sede en Acapulco, que en 2006 declaró nulas las asambleas fraudulentas realizadas en 2005 en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec y en los ejidos Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma.
En 2010 los campesinos habían expresado ya su rechazo al proyecto La Parota y habían ganado los juicios en el marco de la Ley Agraria, aún considerando que ese marco jurídico no respondía a los parámetros internacionales de lo que significa el derecho a la información, a la consulta y a la toma de decisiones en forma libre e informada; esto aunado a métodos ilegales y fraudulentos que utilizaban -y utilizan- las autoridades agrarias.
Habían ganado los juicios y, sin embargo, la CFE reiniciaba el proceso y con la pretensión de obtener por métodos ilegales el permiso del núcleo agrario para iniciar los trabajos de la presa La Parota, convocó a una asamblea comunal el 28 de abril del 2010, en la que repitió los mismos errores y métodos fraudulentos que las anteriores desde la convocatoria de la misma, y cuya realización se llevó a cabo con taxistas y acarreados urbanos que usurparon el lugar de los campesinos y fueron protegidos por 700 policías fuertemente armados que impidieron el paso a los legítimos comuneros.
Veintitrés años en que sus derechos fueron pisoteados por instancias de poder federal y del estado de Guerrero.
Falta que Claudia Sheinbaum firme la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, más allá de las palabras.
Mientras tanto, en Zacatecas, un juez federal ordenó la suspensión provisional de obras de la presa de almacenamiento Milpillas, proyectada para retener y almacenar agua superficial, que enfrenta oposición social por comunidades ejidales locales, diversos litigios y ahora suspensiones judiciales.
Fuerzas del Movimiento en Defensa del Río Atenco interpusieron 12 amparos el 24 de julio pasado en contra de la resolución de la Semarnat que autoriza el proyecto Presa Milpillas en el municipio de Jiménez de Teul para abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat emitió tal resolución condicionada el 23 de junio de 2026.
Los 12 amparos quedaron radicados en los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas 1 y 2 con números de expedientes y órdenes de suspensión.
Promoventes de los amparos fueron comunidades como Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como personas en lo individual, con respaldo de jóvenes, niños y niñas de la cabecera municipal de Jiménez del Teul y Sombrerete y de poblaciones río abajo como Las Bocas y Carretas.
En el resolutivo de la DGIRA, la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería encontró inconsistencias técnicas, metodológicas, jurídicas, sociales y ambientales que chocan con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley General de Aguas Nacionales, la NOM-059-SEMAR-NAT-2010, la NMX-AA-159-SCFI-2012 y los principios de prevención, precaución, participación ciudadana y desarrollo sostenible.
La admisión de los amparos y órdenes de suspensión judicial representan una gran victoria para las comunidades cansadas de abusos de autoridades que por avaricia sólo buscan sus beneficios personales pasando por encima de los derechos de los pueblos, principalmente los derechos a la vida y a la autodeterminación.
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