¿Transformación o perpetuación?

México enfrenta una paradoja: mientras el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) dice que reivindica la justicia social, la defensa del pueblo y el combate a la corrupción, distintos acontecimientos obligan a preguntarse hasta qué punto esos principios se traducen en resultados. Las protestas en el sector salud, la controversia por la regulación de las redes sociales y las dudas sobre las investigaciones relacionadas con figuras políticas de Morena dibujan un panorama en el que la confianza ciudadana está bajo presión. El pobre o nulo crecimiento económico es un tema fundamental, que sin duda al paso del tiempo cobrará factura, pero por ahora en este espacio se queda para otra ocasión.

Yendo a la actualidad inmediata. Que los trabajadores del IMSS protesten por mejores condiciones laborales no es una novedad. Lo significativo es que sus inconformidades también se dirijan contra su propia representación sindical y contra las autoridades responsables de garantizar los recursos indispensables para atender a millones de mexicanos.

El evidente deterioro está ya a este nivel. El descontento con el sindicato añade otra dimensión al conflicto. Cuando los agremiados cuestionan a quienes supuestamente deben defenderlos, surgen preguntas sobre la representatividad, la transparencia y la capacidad de las organizaciones sindicales para responder a sus bases.

El gobierno de Sheinbaum debe entender que reconocer las deficiencias es apenas el primer paso. La respuesta debe reflejarse en hospitales abastecidos, condiciones laborales dignas y mecanismos transparentes para vigilar el uso de los recursos. La salud pública no puede depender de promesas: se mide en tratamientos oportunos y vidas atendidas.

Por otra parte, el segundo frente del momento se encuentra en el espacio digital. El decreto presidencial sobre contenidos en las redes sociales, reportado el 14 de octubre, fue presentado como una medida para combatir el ciberacoso, la violencia digital y otras conductas perjudiciales, particularmente para niñas, niños y adolescentes.

El propósito declarado merece atención. Nadie debería defender el hostigamiento, las amenazas o la difusión de material destinado a causar daño. Sin embargo, la discusión fundamental no termina en las intenciones del gobierno, sino que comienza con las facultades que adquieren las autoridades y la manera en que se aplican las nuevas disposiciones.

Como ha advertido el debate público sobre la libertad de expresión, una regulación ambigua puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias. ¿Quién determinará qué contenido debe retirarse? ¿Qué mecanismos tendrán los usuarios para impugnar una sanción? ¿Cómo se evitará que una crítica legítima termine confundida con una conducta ilícita? Se tiene que proteger a los menores, por supuesto, pero ¿la censura es la única solución? O la excusa de la 4T para avanzar en la constricción de las libertades.

No existe evidencia suficiente para afirmar que el decreto prohíba de manera general las críticas al gobierno. Pero tampoco sería prudente ignorar los riesgos de una regulación digital sin garantías claras. En una democracia, cuestionar a la presidenta, denunciar irregularidades o exhibir deficiencias gubernamentales debe seguir siendo posible.

Además de estos dos asuntos de la actualidad, está por supuesto el asunto más importante: la seguridad. El gobierno puede presentar operativos, detenciones y decomisos como resultados de su estrategia. Sin embargo, combatir al crimen organizado exige algo más que perseguir a sus integrantes: también requiere investigar las posibles redes de protección política que permiten a esas organizaciones operar.

Los señalamientos contra figuras como Rubén Rocha Moya y Adán Augusto López Hernández por mencionar sólo a algunos, han alimentado interrogantes sobre la disposición de las instituciones para investigar a personajes vinculados con Morena. Los casos son distintos y deben examinarse individualmente, con pruebas y garantías judiciales. Una acusación no equivale a una sentencia, y ninguna persona debe ser declarada culpable por señalamientos públicos.

Si las autoridades actúan con firmeza contra unos y ofrecen respuestas insuficientes ante las sospechas que involucran a otros, la confianza pública se deteriora.

La pregunta no es si deben investigarse adversarios políticos, sino si existe voluntad institucional para esclarecer cualquier denuncia sustentada, sin excepciones ni privilegios. Me parece que la respuesta es evidente.

Entonces los tres problemas convergen en una exigencia elemental: resultados y rendición de cuentas. Los trabajadores del IMSS necesitan recursos – en general todo el sistema de saludo públicoy representación efectiva; los usuarios de redes sociales requieren protección frente a los abusos sin perder sus libertades; y la sociedad demanda investigaciones imparciales, incluso cuando los señalados pertenecen al partido gobernante. 

La 4T construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de transformar la vida pública y combatir los privilegios. Esa promesa debe medirse con hechos, no solamente con discursos. Si realmente el objetivo es lograr una transformación, porque cada vez luce como que es la perpetuación en el poder a cualquier costo.