La Justicia iraní ha aceptado revisar el caso de tres condenados a muerte tras participar en las protestas de noviembre pasado, informó este domingo la agencia de noticias ISNA.
En un texto publicado en medios locales, los abogados de los jóvenes explicaron que presentaron a la Corte Suprema una petición para se celebre un nuevo juicio, solicitud que fue admitida a trámite para su estudio.
Los letrados, que esperan que el veredicto inicial sea revocado, decidieron presentar esta demanda después de que la semana pasada el portavoz del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Esmailí, indicara en un discurso que las condenas confirmadas por el Supremo pueden registrar cambios "en caso de que se acepten juicios extraordinarios".
En noviembre pasado, Amirhosein Moradi, Said Tamyidi y Mohamad Rayabi, de entre 25 y 27 años, participaron en las manifestaciones contra la subida de los precios de la gasolina en Irán que derivaron en fuertes críticas contra el sistema teocrático, fueron detenidos y condenados a la pena capital.
A raíz de que el pasado martes se confirmó la sentencia, surgió una movilización sin precedentes con millones de mensajes de protesta procedentes de distintas partes del mundo con las etiquetas "No ejecutéis", en farsi, y "Detened las ejecuciones en Irán", en inglés.
Las protestas de noviembre en las que fueron detenidos Moradí, Tamyidí y Rayabí estuvieron marcadas tanto por actos vandálicos como por la represión de las fuerzas de seguridad.
La Justicia se basó en ese vandalismo para dictaminar que al menos dos de los tres condenados fueron detenidos durante "un robo armado".
Amnistía Internacional (AI) aseguró que el proceso fue "injusto" y denunció que los jóvenes afirman que han sido sometidos a torturas, como palizas y descargas eléctricas.
En su momento, AI alertó que las fuerzas de seguridad llevaban a cabo "una represión brutal" de las protestas y que al menos 304 personas habían muerto, una cifra que las autoridades iraníes rebajaron a 230.
Según Amnistía Internacional, Irán fue el año pasado, con 251 ejecuciones, el segundo país del mundo que más aplicó la pena capital, solo por detrás de China.