Existen distintos tipos de democracias o modelos que convergen en un tronco común: la toma de decisiones sobre la vida de la colectividad. Durante muchos años la clase política en México ha tomado decisiones de gran envergadura sin consultar a los ciudadanos, es decir, nuestros representantes han decidido por nosotros en asuntos que no necesariamente nos benefician, sino lo contrario, nos comprometen por muchos años, como la emisión de deuda pública o privilegiar gastos faraónicos para ellos mismos.
Los distintos modelos de democracia privilegian algunos aspectos más que otros.
Por ejemplo, unos están a favor de que los ciudadanos participen más (democracia participativa), y otros, de que lo hagan por medio de sus representantes (democracia representativa).
El modelo representativo en el que, se alegaba, los representantes del pueblo sólo veían por sus grupos políticos, es decir, sus partidos, dio pauta a que la ciudadanía se involucrara en asuntos públicos. El 1 de julio de 2018 salimos a las urnas a votar -la mayoría para elegir un cambio- y reflejó, digámoslo así, un tsunami de hartazgo a ese modelo que referí en el primer párrafo, llegando a sumar más de 30 millones de votos a favor de un candidato.
Ante la crisis de representación llegamos a la arena de la participación en la que comenzó la época, justamente, de la nueva democracia participativa. Gradualmente los ciudadanos hemos encontrado canales para hacernos visibles en la vida pública.
Me refiero a la democracia participativa y a su vinculación con el republicanismo.
El republicanismo contemporáneo puede dividirse en dos grandes grupos:
"En ambos modelos se subraya la importancia primordial de la deliberación como principio que ha de regir el proceso político decisorio, pero, mientras el primer grupo continúa defendiendo el principio de la representación política y las estructuras representativas por considerarlas normativamente deseables, el segundo grupo apela al ideal de la democracia clásica (el gobierno del pueblo y por el pueblo en su sentido literal) para postular que, al menos en términos ideales, las decisiones políticas debieran ser adoptadas por todos los ciudadanos y no sólo por sus representantes electos". (Marco Vinicio Agulló Pastor, Republicanismo y democracia liberal. Una crítica del pensamiento político republicano, Madrid, España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016, p.25).
De lo anterior puedo advertir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va por el segundo modelo, el ideal de la Grecia antigua y, más enfático, a que las decisiones políticas debieran ser adoptadas por la mayoría de los ciudadanos.
Ahora bien, el Presidente ha planteado un ejercicio participativo con la consulta para iniciar juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; incluso una encuesta da cuenta que la mayoría de la población quiere llevar ante la justicia a los exmandatarios.
Este planteamiento tiene que analizarse desde diversos aspectos, uno de ellos la democracia participativa. Habrá un tema jurídico debatible pero el Presidente está tomando en cuenta a la ciudadanía que saldrá sin duda a las urnas a ratificar su hartazgo contra el virus de la corrupción, que valga la pena señalar que en el sexenio pasado fue epidémico y sistemático, pues tan solo basta repasar el penoso caso de Emilio Lozoya Austin quien ahogó a Petróleos Mexicanos en las aguas profundas de la corrupción y comprometió su rentabilidad financiera. Por ello, el ejercicio ciudadano que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador convierte a los ciudadanos en un jurado, con independencia de que su momento lleguen o no a un juzgador. Para el Presidente lo relevante en este momento es el veredicto ciudadano.
@UlrichRichterM