Frenan a agresores de mujeres
Colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y local impulsaron la iniciativa "3 de 3 contra la violencia", a través de la cual se busca que los candidatos no tengan antecedentes como agresores de mujeres.
En tal sentido, en el ámbito local se envió un documento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a través del cual se demanda la inclusión de un mecanismo para vigilar que los aspirantes a una candidatura no se encuentren en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 32 del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobados el 28 de octubre de 2020.
Este documento establece que no deben contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar, doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
Asimismo, no deben contar con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y tampoco deben estar inscritos o tener registro vigente como deudores alimentarios o morosos que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.
Como respuesta, en un oficio firmado por el consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández, se estableció el compromiso de implementar las medidas aprobadas por el INE para el proceso electoral local y concurrente 2020-2021 así como a hacer efectiva normatividad para la consolidación de una igualdad sustantiva.
Entre dicha normativa destacan los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género; mientras que la otra es el Acuerdo INE/CG691/2020 en donde se aprueban los modelos de formatos "3 de 3 contra la violencia" a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
En dicho sentido, en caso de que los candidatos a cargos de representación popular, no cuenten con los respectivos formatos, deberán considerar los que fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE).