La otra reforma electoral
Seguramente después de las elecciones del 6 de junio tendremos una reforma electoral. Así lo han hecho saber los principales actores políticos del país, después de las resoluciones que recientemente tomaron los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral.
Además de la reforma electoral que se avecina, existen otras circunstancias que juegan un papel de importancia para que la consolidación democrática en nuestro país sea una realidad en un futuro próximo; en particular me refiero a la amenaza que representa el crimen organizado para la democracia de nuestro país.
A cuatro semanas para la celebración de las elecciones intermedias, la lista de candidatos, periodistas, activistas, funcionarios o ex funcionarios públicos y otros actores sociales que han sufrido incidentes de violencia política ha crecido para ubicarse, según un reporte de la consultora Integralia para el período de septiembre de 2020 a abril de 2021, en 169 incidentes de violencia política con 143 víctimas mortales.
De acuerdo a diferentes medios informativos nacionales y locales en distintas entidades federativas, es posible apreciar el impacto que tiene el crimen organizado en el desarrollo de los procesos electorales. Basta recordar el asesinato por parte del crimen organizado de un candidato a gobernador en Tamaulipas en 2012, para darnos cuenta que no se trata de un fenómeno nuevo, sin embargo, desde hace pocos años en varios estados de la república es posible ver que influencia de estos grupos ha llegado a niveles en que es necesario preguntarse la forma en que se evitará o al menos limitará al máximo la intromisión de grupos criminales en los procesos que determinan el acceso a los cargos de elección popular.
Los grupos criminales no solamente financian campañas políticas, medios de información dan cuenta de que en algunas regiones imponen candidatos, en otras atentan contra la vida de aquellos que se niegan a pactar con ellos. Además, las campañas negras entre candidatos de todos los partidos se ha centrado en vincular a sus adversarios con grupos criminales.
Desterrar el peligro para la democracia que representan los grupos de la delincuencia organizada requerirá mucho más que una reforma centrada solamente en los reclamos de los partidos políticos para adecuar el marco institucional a sus demandas.
Erradicar la influencia creciente de los grupos criminales en los procesos electorales y en los gobiernos que emanan de estos, especialmente a nivel municipal, requerirá la intervención de los tres poderes y las diferentes instituciones que conforman al estado mexicano.
Twitter: @jesusmenav