Mi palabra es la ley
"Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley"
José Alfredo Jiménez
Cuando el presidente López Obrador declaró, el 17 de mayo, que "ya la Suprema Corte de Justicia resolvió que no hay fuero constitucional" en el caso del gobernador de Tamaulipas, por lo que "ya es la fiscalía la que va a actuar", era fácil atribuir la afirmación a su desconocimiento jurídico. El propio ministro Juan Luis González Alcántara, quien desechó la controversia del Congreso de Tamaulipas, aclaró que el fuero se mantiene, aunque "existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya el cargo".
El primer mandatario, sin embargo, tenía otros datos. Sabía que, a pesar del fuero, la Fiscalía General de la República solicitaría y obtendría una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y que la Unidad de Inteligencia Financiera congelaría decenas de cuentas bancarias del gobernador, sus familiares y empresas relacionadas.
El gobernador argumentó el 19 de mayo que está siendo objeto de una persecución política: "La decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional". El presidente respondió ayer: "Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita". Pero añadió: "Yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, encubrir a nadie. No soy tapadera".
Es difícil pensar, sin embargo, que la FGR y la UIF no estén actuando por instrucciones del presidente. Solo así puede explicarse que la Fiscalía haya pedido y obtenido una orden de aprehensión contra un gobernador con fuero, pese que el artículo 225, fracción XIX, del Código Penal Federal establece que es un delito contra la administración de justicia "abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley".
Pero no solo eso. La FGR obtuvo la orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pese a que los dos fueron rechazados en el proceso de desafuero por la Cámara de Diputados, dominada por Morena, que señaló que no había pruebas en esos casos y solo aprobó desaforar al gobernador por defraudación fiscal. El problema con este último delito, para una acusación que busca un impacto político, es que no implica prisión preventiva.
Ayer el presidente presentó un documento de la embajada de Estados Unidos en que esta presuntamente pide información sobre García Cabeza de Vaca para una investigación. Él mismo reconoció que esto no es "jurídicamente correcto" y, en efecto, es una violación de los derechos de la persona investigada. El que una autoridad extranjera solicite información sobre un mexicano, sin embargo, no es prueba de culpabilidad.
Yo reitero lo que he señalado en este espacio: no me consta ni la inocencia ni la culpabilidad del gobernador, pero no parece haber dudas de que la investigación tiene una motivación política. Si hubiera realmente pruebas, estas se podrían presentar sin violar el fuero una vez que el gobernador concluyera su mandato. Levanta suspicacias, por otra parte, que las acusaciones sean por delitos que la Cámara rechazó, pero que son los que permiten el encarcelamiento del acusado antes de ser juzgado.
La forma de actuar de la FGR reitera que no es autónoma y que está más sujeta que nunca a decisiones políticas. La UIF, por otra parte, se ha convertido en un arma del gobierno para atacar a sus rivales. Las dos instituciones no hacen más que cumplir las órdenes del presidente, como si su palabra fuera la ley.
Contra la ley
Sí, es una violación al derecho que el presidente divulgue una petición de información sobre el gobernador de Tamaulipas de las autoridades de Estados Unidos. También que difunda información financiera de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que solo el SAT puede tener.
Twitter: @SergioSarmiento