La persecución
"A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas".
Atribuida falsamente a Benito Juárez
La Fiscalía General de la República ha presentado una nueva acusación, la cuarta, contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con anterioridad lo había acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y defraudación fiscal. La nueva es por peculado, pero sorprende que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declaró que el delito lo cometió por haber fijado "la Casa de Gobierno de Tamaulipas como lugar para oír y recibir notificaciones".
Señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones es un acto legal que ratifica la disposición del defendido para seguir un proceso. En una acusación federal, el acusado puede señalar el domicilio que le convenga dentro del territorio nacional. Que declare como tal su residencia oficial mientras ejerce el cargo de gobernador es perfectamente natural. Lo mismo haría, probablemente, el presidente López Obrador en caso de enfrentar un proceso. El que se haya vacunado en la alcaldía de Cuauhtémoc y haya anunciado su intención de votar en esa misma demarcación, y no en Copilco o en el rancho de La Chingada en Palenque, subraya que reside es Palacio Nacional. Es el lugar más lógico para oír y recibir notificaciones.
Que la FGR presente acusaciones penales al gobernador por señalar Casa Tamaulipas como lugar para oír y recibir notificaciones comprueba que estamos presenciando una persecución política. No hay en esta designación ningún peculado, ninguna malversación de fondos públicos. Es una declaración de que el gobernador no se está ocultando y está disponible para enfrentar los procesos.
No conozco los expedientes contra García Cabeza de Vaca y no puedo saber si es culpable o inocente, pero las irregularidades en los casos en su contra son enormes. A la Cámara de Diputados la FGR le solicitó la declaración de procedencia por los tres primeros delitos, pero los propios diputados oficialistas, como Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, reconocieron que no había pruebas ni para lavado de dinero ni para asociación delictuosa. La mayoría gubernamental, sin embargo, votó por la declaración de procedencia por defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos en la venta de un inmueble, a pesar de que el propio gobernador ha exhibido el comprobante de pago del impuesto.
El Congreso de Tamaulipas rechazó el desafuero y el ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte desechó un recurso de esta legislatura, pero señaló que el gobernador seguía gozando de fuero y solo podría ser procesado al concluir su mandato. La FGR impugnó la decisión del ministro, pero aun así solicitó y obtuvo una orden de aprehensión de un juez, pero no por la defraudación fiscal, sino por los dos delitos que los diputados rechazaron por falta de pruebas.
La cuarta acusación, ahora por peculado, por señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones su residencia oficial, es todavía más irregular. Quizá el presidente López Obrador piensa que está siendo juarista, ya que con frecuencia se atribuye a Benito Juárez una frase que dice que a los amigos debe tratárseles con "justicia y gracia" y a los enemigos con "la ley a secas". Pero alguien debería decirle que la atribución es falsa. Juárez, como buen liberal, trató a amigos y enemigos por igual.
Incómodo
El gobernador de Tamaulipas ha sido incómodo para el régimen por muchas razones, como exhibir la falsificación de un oficio con el que la CFE trató de justificar el gran apagón del 28 de diciembre. Hoy insiste. El presidente de Morena, Mario Delgado, declaró que su vehículo fue detenido en Tamaulipas por un grupo con armas largas, pero el gobernador dice que los videos muestran que no portaban armas.
Twitter: @SergioSarmiento