Durango / Aleatoria.

Menores que viven en prisión con sus madres, una asignatura pendiente

CLAUDIA BARRIENTOS / EL SIGLO DE DURANGO, , actualizada 13:04 🕚
Menores que viven en prisión con sus madres, una asignatura pendiente

La situación de las niñas y niños que viven con sus madres en prisión es un tema pendiente por parte del Estado mexicano, debido a la ausencia de políticas públicas integrales que brinden una protección integral a quienes se encuentran en estas circunstancias, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Informe Especial “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Diagnóstico y propuestas para su protección y garantía”.

En el caso de Durango, según datos de la subsecretaría del Sistema Penitenciario, la población femenina de internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número uno ha aumentado, principalmente de mujeres jóvenes de 18 a 28 años de edad.

Tan solo en 2021 la población de mujeres internas pasó de 200 a 280.

En este contexto, se cuenta con registro de dos bebés que viven al interior del Cereso con sus mamás, los cuales no sobrepasan los seis meses de edad.

PANORAMA NACIONAL

En 2015, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a México que las niñas y niños pudieran permanecer con sus madres hasta los seis años de edad; sin embargo, con la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el artículo 36, fracción I ese parámetro se redujo a tres años para niñas y niños que hayan nacido durante el internamiento de sus madres, y solo es posible solicitar al Juez de Ejecución la ampliación siempre y cuando la persona menor de edad viva con alguna discapacidad que requiera los cuidados de la madre y si ella sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargo.

En su Informe especial de los derechos humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios, la CNDH manifestó su preocupación por esa disposición y señaló que “es contrario al Interés Superior de la Niñez ya que se refiere exclusivamente a los nacidos durante el internamiento de la madre, excluyendo a los que no hayan nacido durante éste, generando con ello un trato discriminatorio ya que los priva del derecho de estar son su madre”, refiere el informe.

Asimismo, se establece que, de acuerdo con el INEGI en 2016 se encontraban 542 niñas y niños en algún centro penitenciario, de ellos “la mayor parte de las y los menores, 41%, tenían menos de un año y 51% eran niños al cierre del 2016. La proporción de menores disminuye conforme alcanzan mayor edad, observándose que 7% tenían tres años, 5% cuatro y 2% contaban con 5 años en ese periodo”.

De acuerdo con el informe especial antes aludido, en agosto de 2016 se tuvo registro de que en 30 de las 32 entidades federativas y en un Centro Federal, había una población total de 618 niñas y niños, y concluye que la población infantil en los centros ha aumentado de manera progresiva, de tal forma que casi se ha duplicado en cuatro años.

Para la elaboración del Informe, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a cargo de la CNDH, realizó una actualización del número de niñas y niños que residen en sus madres en prisión. El resultado fue que, al 12 de noviembre de 2020, en México vivían 350 niñas y niños en centros penitenciarios de las entidades federativas del país; en Centros Federales de Readaptación Social y prisiones militares no se reportó ningún caso. En términos de la LNEP las niñas y niños tienen derecho a garantizar el máximo nivel de salud posible, contando para ello atención médica gratuita y de calidad, ya sea en el centro penitenciario o en instituciones públicas del sector salud, asimismo, deberán recibir educación inicial y participar en actividades recreativas y lúdicas, sin embargo, existe evidencia sobre las condiciones en las que viven niñas y niños en cárceles y penitenciarias colocándolos condiciones de alta vulnerabilidad y limitando el ejercicio de sus derechos.

Datos obtenidos de las Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, revelan que solo 19 de los 174 establecimientos penitenciarios estatales femeniles y mixtos reportaron tener guarderías. Es decir, únicamente el 11 por ciento de los establecimientos penitenciarios que albergan mujeres tienen este tipo de servicio para 542 niñas y niños.

Aunado a esas limitaciones, niñas y niños crecen en un ambiento adverso y violento, donde deben compartir espacios con otras mujeres, en condiciones higiénicas inadecuadas, son sujetos de cateos o revisiones por parte del personal penitenciario, y presencian la venta y/o consumo de drogas o armas, motines o agresiones.

En el contexto de la pandemia, el sistema penitenciario emitió medidas como la restricción de visitas para prevenir contagios; sin embargo, dichas medidas se han aplicado de forma discrecional en cada centro, generando gran incertidumbre. Las visitas, además, son el momento para recibir alimentos e insumos para la higiene personal que los centros penitenciarios no les proporcionan, por lo tanto, las medidas tendrían que considerar esas situaciones y no solo prohibirlas. Aunado a ello, las mujeres privadas de la libertad han tenido que enfrentar los efectos de las medidas de suspensión de actividades de los Poderes Judiciales, y que han retraso el trámite de sus procesos, establece el documento de la CNDH.

En Durango, de acuerdo al Informe, en el periodo en mención se tenía registro de tres menores que vivían en reclusión con sus madres.

Menores que viven en prisión con sus madres, una asignatura pendiente
Menores que viven en prisión con sus madres, una asignatura pendiente

Durango, Cárcel de mujeres, Mamás en prisión

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