El Gobierno español anunció este domingo la apertura de un "control interno" en el servicio estatal de inteligencia y expresó su "disposición a desclasificar documentación para esclarecer los hechos" sobre supuesto espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos.
El ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con su homóloga en el Gobierno regional de Cataluña, Laura Vilagrà, tras una semana de tensiones después de conocerse que más de sesenta líderes independentistas, en su mayoría catalanes, fueron espiados con el sistema Pegasus.
El Ejecutivo catalán lo preside el partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, que presta apoyos puntuales en el Parlamento español al Gobierno nacional de coalición entre los socialistas del PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos, y que ha amenazado con dejar de hacerlo si no se aclaran los hechos.
La retirada de ese apoyo parlamentario podría hacer caer al Gobierno de Madrid.
Bolaños avanzó tras la reunión en Barcelona, la capital catalana, la apertura de un "control interno" del Centro Nacional de Inteligencia, el servicio que depende del Ministerio de Defensa, "a petición de este mismo organismo", al que el independentismo apunta como responsable de un "escándalo" de espionaje, y con el fin de "analizar las medidas existentes y su aplicación en este caso".
Bolaños también anunció ante los medios la "constitución de manera inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento español, para que la directora del servicio de inteligencia, Paz Esteban, "pueda aportar información y documentación".
"No podemos estar satisfechos con las explicaciones. Son del todo insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos. Un caso tan grave requiere claridad, honestidad y asunción de responsabilidades por parte de aquellos que nos han espiado", advirtió por su parte la responsable de Presidencia en el Gobierno catalán.
El Ejecutivo catalán quiere saber ya "quién ordenó las escuchas" y "quién tenía conocimiento de este espionaje masivo", además de aclarar "qué se ha hecho con la información obtenida", obtener garantías de que esta situación "no se volverá a producir en un futuro" y conseguir las "dimisiones de los responsables", subrayó.