El Gobierno de Hungría consiguió sacar este jueves al patriarca ruso ortodoxo Kiril de la lista de personas sancionadas dentro del sexto paquete de represalias de la UE contra Rusia, que ha recibido luz verde de los embajadores de los Veintisiete con este cambio, informan a Efe varias fuentes diplomáticas.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que logró este lunes en la cumbre de líderes una excepción específica con respecto al embargo al petróleo, impuso también la retirada del líder religioso ruso para que el nuevo paquete de sanciones saliera adelante.
Tras haber recibido luz verde por parte de los embajadores de los Estados miembros, se abre ahora un periodo que durará hasta las 09:00 horas de este viernes (07:00 gmt), para que este acuerdo sea confirmado por cada una de las capitales, lo que supondrá su adopción formal.
Una vez completado este proceso, entrará en vigor la prohibición de importar a la UE petróleo desde Rusia, aunque se hará de forma gradual y el embargo sólo se efectuará desde finales de este año.
No obstante, Hungría, Eslovaquia y República Checa podrán seguir comprando el petróleo que Moscú transporta a estos tres países a través del oleoducto Druzhba, lo que supone que el veto será solo parcial y afectará a un 90 por ciento del crudo que el bloque suele importar desde Rusia.
Además, el pacto de los Veintisiete no impone una fecha límite para esta excepción, que debe ser "temporal" según lo acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que mantuvieron a principios de esta misma semana.
Francia, como presidencia de turno de la UE, confirmó el acuerdo a nivel de embajadores en la red social Twitter en una serie de mensajes en los que destacó que el embargo al petróleo ruso se completará "lo antes posible" con una prohibición futura al crudo que llega por dicho oleoducto.
La Presidencia francesa informó además que quedará vetada la "provisión de servicios" al sector petrolero ruso, aunque no aporta más detalles al respecto de un punto de las sanciones que generaba más debate entre los socios comunitarios.
En este sentido, la propuesta original de la Comisión Europea planteaba la prohibición de toda asistencia técnica, directa o indirecta y todo servicio de intermediación, incluida la financiera, relacionada con el sector petrolero, incluida la posibilidad de asegurar buques.