Postura. Se evidenció que no hay criterios establecidos para determinar qué juegos serían gravados.
CLAUDIA BARRIENTOS
El siglo de durango
En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para corregir lo que se calificó como un grave error legislativo incluido en el Paquete Económico 2026: el IEPS del ocho por ciento a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos.
Desde tribuna, la diputada federal, Patricia Jiménez, dijo que "no se puede sostener un impuesto mal definido, imposible de aplicar y que genera incertidumbre jurídica, afectando a consumidores, empresas y a la economía digital del país".
Refirió que la reforma aprobada en noviembre de 2025 estableció este gravamen con una recaudación estimada de 183 millones de pesos; sin embargo, su redacción dejó conceptos ambiguos como "violencia intensa" o "contenido extremo", sin criterios técnicos claros ni autoridad responsable de determinar qué videojuegos serían gravados. "Un impuesto sin precisión nace mal y abre la puerta a la discrecionalidad", señaló la diputada.
Además, la ley no definió quién debe pagar el impuesto ni cómo aplicarlo en el entorno digital: si el costo recaería en el consumidor, en las plataformas, en los desarrolladores o en servicios como suscripciones, microtransacciones o juegos en la nube. "Esta falta de claridad vuelve el impuesto imposible de cumplir y de fiscalizar correctamente", consideró.
A ello, dijo que se suman cargas administrativas excesivas para un ingreso relativamente bajo, como registros ante el SAT, retenciones obligatorias, representantes legales y la amenaza de bloqueo de servicios digitales en caso de incumplimiento por lo que advirtió que bloquear plataformas por un impuesto mal diseñado es un exceso y un riesgo para la economía digital, un sector que genera inversión, empleo y desarrollo tecnológico en México.
Agencias