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Desde militares condenados a muerte hasta diputados, narcotraficantes y funcionarios públicos, distintas figuras han enfrentado señalamientos judiciales por uno de los delitos más graves contemplados en la legislación mexicana.
La acusación de traición a la patria volvió a ocupar los titulares nacionales tras la detención de un exfuncionario de Chihuahua, investigado por presuntamente permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad. Sin embargo, no es la primera vez que las autoridades mexicanas recurren a este delito.
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A lo largo de la historia del país existen antecedentes que incluyen fusilamientos, encarcelamientos y solicitudes de órdenes de aprehensión que no prosperaron.
Miguel Miramón y Tomás Mejía: condenados a muerte
Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en 1867, después de la caída del Segundo Imperio Mexicano.
Los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron sometidos a un tribunal militar por su participación en el régimen encabezado por Maximiliano de Habsburgo y acusados de traición a la patria.
Ambos fueron condenados a muerte y fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto con Maximiliano, quien enfrentó cargos relacionados con delitos contra la nación y usurpación.
Carlos A. Madrazo y dos diputados: el caso de 1945
Décadas después, en enero de 1945, la entonces Procuraduría General de la República ordenó la detención de tres diputados federales: Carlos A. Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre.
Los legisladores fueron acusados de falsificación de documentos, traición a la patria y faltas a sus responsabilidades como servidores públicos, dentro de un caso relacionado con permisos para trabajadores mexicanos que buscaban empleo en Estados Unidos.
Madrazo permaneció encarcelado en Lecumberri, aunque posteriormente los señalamientos fueron desestimados.
El episodio quedó registrado como uno de los casos de utilización de acusaciones penales contra integrantes de la clase política durante el siglo XX.
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Joaquín Guzmán López: la entrega de 'El Mayo' Zambada
En agosto de 2024, la Fiscalía General de la República anunció una investigación por traición a la patria relacionada con el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos.
La investigación apuntó contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y traslado del líder criminal a territorio estadounidense.
En octubre de ese año, la FGR confirmó que había solicitado una orden de aprehensión por secuestro y traición a la patria, pero el juez federal no la concedió y el Ministerio Público retiró la solicitud.
Por lo tanto, aunque existió una acusación ministerial documentada, no se concretó una orden de captura por esos delitos en aquel procedimiento.
César Jáuregui: la acusación más reciente
El caso más reciente corresponde a César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, detenido el 17 de octubre de 2026 en el marco de las investigaciones por la presunta participación irregular de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un laboratorio clandestino.
De acuerdo con la FGR, el exfuncionario habría permitido que personal extranjero participara directamente en actividades de seguridad dentro del territorio mexicano sin las autorizaciones correspondientes.
La Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión federal por hechos que podrían constituir traición a la patria, la cual fue ejecutada el 18 de octubre.
El procedimiento se encuentra en desarrollo y, hasta ahora, la acusación no representa una declaración de culpabilidad.
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¿Qué castigo establece la ley por traición a la patria?
Actualmente, el artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de prisión y multas de hasta 50 mil pesos para los mexicanos que cometan conductas tipificadas como traición a la patria.
Entre ellas se encuentran determinados actos de colaboración con gobiernos extranjeros contra la soberanía nacional, así como privar ilegalmente de la libertad a una persona para entregarla a autoridades de otro país.
No obstante, es importante distinguir entre una investigación ministerial, una acusación presentada ante un juez y una sentencia condenatoria.
Los casos históricos y contemporáneos muestran que el delito ha sido invocado en circunstancias muy diferentes, pero no todas las personas señaladas han sido encontradas culpables.