La última reunión del llamado Grupo de los 7, en la que se reúnen los líderes de los países más importantes del mundo occidental, se llevó a cabo en Francia hace unos días. En una conferencia de prensa al final de la reunión, el Presidente Donald Trump, de manera sorpresiva, mencionó a nuestro país.
Siguiendo un guion que ha mantenido por varios meses, expresó lo que ya había dicho en ocasiones anteriores: México está dominado por grupos del crimen organizado y, según su dicho, la Presidenta de México es una buena persona, pero está muy asustada (se entiende que ante la amenaza que suponen los grupos del crimen organizado).
La expresión tuvo lugar cuando mencionó los logros de su administración para evitar que la droga llegue a Estados Unidos por mar, con los ataques a las lanchas rápidas que, de acuerdo al gobierno estadounidense, llevan drogas a los Estados Unidos. Ahora, dijo, toca el turno al combate de las drogas que llegan a los Estados Unidos por tierra, a través de México.
Las declaraciones del Presidente norteamericano, aunadas a las de otros importantes miembros de su administración en semanas recientes, dan a entender que su paciencia con lo que, desde su óptica, es la falta de decisión del gobierno mexicano para entregar a los miembros del régimen acusados por los Estados Unidos de cooperar con los cárteles para introducir fentanilo a su país.
El punto que quiero hacer en esta entrega es que será muy difícil mantener el discurso nacionalista en que se ha envuelto la Presidenta de nuestro país si es que se hacen públicas las operaciones que realice el gobierno de los Estados Unidos en suelo mexicano. Como lo he mencionado en otras ocasiones, si se llegan a realizar, creo que se tratará de operaciones quirúrgicas, sin presencia de efectivos norteamericanos en territorio mexicano, pero si mediante el uso de armamento y tecnología a la que solamente los Estados Unidos tienen acceso.
Si eso sucede, será cada vez más difícil para el gobierno mexicano mantener el discurso de soberanía que ha repetido la Presidenta desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a diez personas, entre ellas a un Gobernador en funciones, de cooperar con las organizaciones criminales y recibir beneficios a cambio.
Tal vez lo único que pueda "comprar" un poco más de tiempo al gobierno de nuestro país y que la administración del Presidente Trump posponga la intervención directa de los Estados Unidos en territorio mexicano para detener o abatir a objetivos estratégicos, sea la entrega de quienes han sido acusados de cooperar con los narcotraficantes y de aquellos que se encuentren en la siguiente lista de acusados por el Departamento de Justicia.
Si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es capaz de sostener con pruebas sólidas las acusaciones que hace a los funcionarios mexicanos de cooperar con organizaciones criminales, se evidenciará que esos funcionarios no entendieron, en su momento, que el paradigma había cambiado y que, a partir del momento en que los cárteles fueron designados como organizaciones terroristas y el fentanilo como arma de destrucción masiva, al cooperar de cualquier manera con ellos estarían involucrados en una trama legal mucho más compleja que la que existía previamente en los Estados Unidos para castigar el tráfico de drogas.
X: @jesusmenav