Desalojo en el San José III reabre debate sobre política de vivienda; reforma sigue pendiente
El desalojo de más de un centenar de viviendas irregulares en el asentamiento San José III reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer la política de vivienda en Durango.
Tras el operativo realizado en un predio federal, donde fueron retiradas alrededor de 110 construcciones improvisadas y evacuadas decenas de familias, el diputado local Martín Vivanco Lira consideró que el caso debe servir como punto de partida para construir soluciones de fondo que garanticen el acceso a un patrimonio con certeza jurídica.
El legislador sostuvo que muchas de las familias afectadas fueron víctimas de personas que lucran con la necesidad de quienes buscan un lugar para vivir, por lo que llamó a diferenciar la situación de quienes actuaron de buena fe de la responsabilidad de quienes promueven invasiones de terrenos. En ese sentido, afirmó que con las familias debe existir sensibilidad y apoyo institucional, mientras que contra los líderes que obtienen beneficios mediante la ocupación irregular de predios debe aplicarse la ley.
Vivanco Lira señaló que el problema trasciende el desalojo ocurrido en San José III y refleja la ausencia de una política pública integral que permita a las familias acceder a vivienda legal y asequible antes de que recurran a asentamientos irregulares. Recordó que hace un año presentó una iniciativa para reformar la legislación estatal en la materia, con el propósito de ampliar las alternativas de acceso a la vivienda y fortalecer la planeación urbana.
Entre los principales ejes de esa propuesta se encuentra el reconocimiento de nuevas modalidades como la vivienda social en arrendamiento, la autoproducción, la autoconstrucción y el mejoramiento de vivienda. Además, contempla la creación de un Plan de Vivienda de Arrendamiento Accesible para las zonas metropolitanas, el fortalecimiento del Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vivienda y el establecimiento de incentivos jurídicos, fiscales y financieros para promover proyectos habitacionales de interés social.
El diputado local explicó que la intención es que la vivienda deje de entenderse únicamente como un inmueble y sea concebida como un derecho que incluya certeza jurídica sobre la propiedad, acceso a servicios básicos, infraestructura, movilidad y condiciones que favorezcan el desarrollo de las familias.
Consideró que únicamente con una estrategia de largo plazo será posible disminuir la proliferación de asentamientos irregulares y evitar que más personas sean engañadas con falsas promesas de patrimonio.
El contexto inmediato es el operativo realizado el pasado fin de semana en el asentamiento San José III, donde autoridades federales, estatales y municipales retiraron viviendas construidas de manera irregular sobre un predio federal. De acuerdo con la información oficial, el asentamiento se había consolidado durante poco más de un año y las familias habían recibido previamente notificaciones para desalojar el lugar, mientras que las autoridades argumentaron riesgos relacionados con incendios, inundaciones, conexiones irregulares a servicios y condiciones de seguridad para los habitantes y colonias vecinas.
Vivanco insistió en que, además de atender la situación inmediata de las familias afectadas mediante esquemas de apoyo y reubicación, el Congreso debe retomar la discusión de una reforma que permita prevenir nuevos conflictos de este tipo. Afirmó que fortalecer la política estatal de vivienda implica coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado para generar opciones legales, accesibles y con certeza patrimonial, reduciendo así las condiciones que favorecen la aparición de nuevos asentamientos irregulares.