En los gobiernos suele existir la peligrosa tentación de creer que las crisis disminuyen si se suaviza el lenguaje con el que se describen. No obstante, la realidad rara vez se acomoda al discurso. En Durango, mientras familias enteras abandonan comunidades serranas por miedo a la violencia, a las autoridades les preocupa más proteger la imagen institucional.
Lo que ocurre en Tamazula no debe explicarse como un episodio aislado de inseguridad. Cuando cerca de cien personas -entre ellas mujeres y niños- abandonan sus hogares en caravana, bajo el temor de quedar atrapados entre grupos armados y la delincuencia, estamos frente a una crisis humanitaria que rebasa cualquier narrativa oficiosa.
Todo lo anterior encaja plenamente en la interpretación de los organismos internacionales sobre lo que se considera desplazamiento forzado. Sin embargo, para la Secretaría de Seguridad Pública de Durango no lo es. Aquí, el gran problema para los gobernados no es entonces solamente la violencia, sino también la negación institucional de la realidad.
El secretario Óscar Galván desconoce los tratados y convenciones internacionales. Intenta, de manera irresponsable, minimizar la gravedad del problema argumentando que no hubo una orden explícita o "toque de queda"; que las personas "optaron por emigrar" debido a una percepción de riesgo. Eso, precisamente, es parte de lo que motiva el desplazamiento forzado, aun cuando no exista una amenaza directa.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las personas no eligen irse; toman la decisión bajo presión, de manera coercitiva o como último recurso para escapar de un peligro inminente. Las amenazas también pueden ser indirectas, y esto incluye conflictos armados, contextos de inseguridad extrema, crimen organizado y narcotráfico.
La realidad es que el gobierno estatal opta por seguir una estrategia política de contención mediática, en lugar de hacer un análisis serio de la crisis y enfrentarla. El trillado discurso del "Durango blindado" choca frontalmente con las imágenes de aquella comunidad de El Durazno vaciándose por temor a la incontenible violencia.
Y mientras desde la comodidad de la capital del estado insisten que en Durango "no pasa nada", en Tamazula la inseguridad persiste. Tras el desplazamiento de personas, una sucursal bancaria fue baleada; además, se reportaron escuelas vacías y docentes implorando apoyo para ser evacuados ante el temor de quedar atrapados en la inseguridad.
Más que transmitir control, las autoridades locales en materia de seguridad exhiben, por donde se le vea, una alarmante desconexión con lo que ocurre en aquella región y con sus habitantes, así como un evidente desconocimiento de las responsabilidades que el gobierno tiene frente a una crisis de esta naturaleza.
El desplazamiento forzado no es un concepto retórico ni una exageración mediática; es una situación crítica reconocida internacionalmente que obliga a toda autoridad a proteger, atender y garantizar condiciones de retorno seguro a quienes han tenido que huir. Si el gobierno de Durango ni siquiera acepta nombrar el problema, difícilmente podrá enfrentarlo con seriedad.
EN LA BALANZA.- Durango quedó nuevamente excluido del concurso "México Canta", pese a ser una propuesta del gobernador Esteban Villegas. El mensaje político resulta evidente: mientras el Gobierno Federal impulsa un discurso de reconstrucción social y rechazo a la apología del crimen, aquí prevaleció una postura permisiva hacia los narcocorridos y expresiones vinculadas a la narcocultura. La contradicción terminó por exhibir la distancia entre la narrativa de paz promovida desde la Presidencia y la ambigüedad con la que el mandatario duranguense ha manejado este tema. A ello se suman los constantes comentarios críticos de Esteban contra la 4T en sus giras por municipios, generando un desgaste innecesario en la relación con el centro del país.
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