D Urante los últimos días, la agenda pública local ha estado inundada de operativos de las fuerzas de seguridad; ante este clima, resulta cada vez más evidente que los grupos delincuenciales no solo buscan el control de territorios, sino que aspiran a sentarse en los cabildos, en los congresos y en las casas de gobierno.
En la última década, distintos países han puesto el foco en lo que los expertos llaman la captura criminal de las instituciones. El caso más estudiado en nuestra región es el de Colombia, donde, entre 2006 y 2010, decenas de legisladores fueron investigados y sentenciados, lo que derivó en la creación de la figura de la silla vacía, que sanciona al partido cuyo candidato resulte ligado a esas estructuras impidiéndole reemplazar el escaño.
Todo esto viene a colación por la reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum y publicada a principios de este mes, que creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano integrado por 3 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y cuyo propósito es prevenir que personas con riesgo de vínculos con la delincuencia organizada lleguen a las boletas.
El diseño es fácil, pero su operación será sumamente compleja, ya que los partidos políticos podrán entregar, de manera voluntaria y de forma total o parcial, los listados de quienes pretendan postularse. A partir de ahí, la Comisión remite esos perfiles a las instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera, es decir, a la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales determinan si existe o no un riesgo razonable de actividades delictivas.
Y aquí está el detalle más fino del mecanismo: la Comisión notifica al partido únicamente el número y las instancias que detectaron ese riesgo, sin señalar el asunto del que se deriva. El resultado no es una sentencia ni una cancelación; es que cada fuerza política, con esa información, decida si mantiene o retira la postulación.
El principal reto de este mecanismo es la presunción de inocencia, ya que el "riesgo razonable" definitivamente no es una condena, ni siquiera una imputación formal, sino una valoración de inteligencia. Etiquetar a alguien con esa categoría, aunque sea de manera reservada, es un terreno delicado. Además, si al partido se le entrega apenas un número y el nombre de la instancia, sin el asunto que origina el riesgo, ¿cómo se defiende quien es señalado?
Aunque México tiene derecho a proteger la autenticidad de sus elecciones, parece que la reforma será insuficiente, ya que nada hace frente a la cooptación que ocurre durante las campañas o ya en el ejercicio del cargo, que suele ser el momento más peligroso; o incluso está el riesgo de un uso político del mecanismo.
Una herramienta pensada para proteger la democracia puede lesionar los mismos derechos que dice defender. Hay que recordar que la legitimidad de una elección no se mide solo por quién queda fuera, sino por la limpieza con que se decidió excluirlo. Entre el miedo legítimo al narcopolítico y la tentación de juzgar sin pruebas, el sistema electoral mexicano tendrá que caminar por una línea muy delgada.
X: @omarortegasoria