En Coahuila, el discurso de la "cero tolerancia" se topó con la realidad de los tribunales. El caso de Ernesto "N", alias "El Güino", pasó en cuestión de semanas de un aparatoso operativo de seguridad a una medida cautelar que le permite continuar su proceso bajo arresto domiciliario. Y aunque la decisión corresponde a un juez, quedan preguntas que las autoridades estatales no deberían esquivar.
La detención se presumió como un golpe importante. "El Güino" y otros 17 fueron asegurados en un centro comercial de Torreón tras un reporte sobre gente armada. En el despliegue participaron investigadores, policías estatales y municipales, el Ejército y la Guardia Nacional. La magnitud del operativo transmitía un mensaje convincente: una autoridad que sí actuaba ante un asunto de alto riesgo.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por delitos como violencia contra integrantes de las instituciones de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones. Para Ernesto "N" se impuso inicialmente prisión preventiva justificada. Hasta ahí, la narrativa oficial se alineaba con el discurso de seguridad que ha sostenido el gobierno de Manolo Jiménez.
No obstante, algo cambió después. ¿Influencias? ¿Deficiencias en la integración de la carpeta? La defensa de "El Güino" consiguió que se modificara la medida cautelar y que este pudiera continuar su proceso desde su domicilio, con monitoreo a través de un brazalete geolocalizador. Otros dos detenidos también habrían obtenido su libertad tras la revisión de sus respectivos casos.
La duda es legítima. Las interrogantes deberían ser respondidas por el fiscal Federico Fernández, pero también por el gobierno de Manolo Jiménez. Sobre todo porque la administración estatal ha construido buena parte de su discurso político en torno a la seguridad, la coordinación institucional y la llamada "cero tolerancia".
Justo tras la detención, el gobernador Manolo Jiménez advertía que en Coahuila no habría espacio para grupos armados ni para quienes pretendieran desafiar a las instituciones. El mensaje era contundente. Sin embargo, parece que la contundencia del discurso no pudo sustituir la solidez de las investigaciones ni la correcta integración de los expedientes.
No ha faltado quien intente responsabilizar al gobierno federal por no haber actuado ante las dificultades de un caso como este; empero, las instituciones estatales son las responsables de todo este proceso. Además, nada han dicho o hecho sobre otras denuncias que pesan sobre el presunto, entre ellas, acusaciones de su expareja por violencia e intento de privación ilegal de la libertad.
Desde Coahuila se han hecho señalamientos recurrentes sobre la inseguridad que, según autoridades estatales, podría extenderse desde municipios de La Laguna de Durango hacia territorio coahuilense. En ese contexto, resulta inevitable cuestionar qué tan efectiva es una estrategia de seguridad que presume resultados en los operativos, pero después enfrenta decisiones judiciales que reducen sustancialmente sus efectos.
La libertad bajo arresto domiciliario tampoco significa que Ernesto "N" haya sido declarado inocente. El proceso continúa y será un juez quien determine, en su momento, si existe responsabilidad penal o no. Lo cierto es que queda en la ciudadanía la suspicacia de que esto pueda ser la antesala para que el caso sea, tristemente, uno más que quede en la impunidad.
EN LA BALANZA.- Tremendo abucheo recibió Esteban Villegas durante el evento "Honestidad y Resultados", realizado en Durango como parte del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Desde el inicio de su intervención y hasta el cierre, el mandatario estatal fue recibido con rechiflas y consignas, entre ellas el reiterado "¡IMSS Bienestar, IMSS Bienestar!", incluso mientras la Presidenta agradecía públicamente su presencia. Mucho se esmeró el Gobernador por mantener bajo control el entorno, pero la reacción del público evidenció un creciente descontento con su administración. El costo político de sus decisiones parece ser cada vez más elevado.
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