L A crisis de seguridad iniciada en México a partir de 2007 no puede reducirse al crecimiento del crimen organizado ni a la violencia asociada al narcotráfico. Su desarrollo evidencia una fractura estructural del Estado mexicano en tres dimensiones simultáneas: doctrina, mando y abandono.
La incapacidad para concretar una definición clara sobre seguridad pública y uso de la fuerza; la fragmentación operativa de las cadenas de control; y la desprotección jurídica, material y simbólica de policías y sus familias configuran un escenario de desgaste institucional. "En este contexto, los memoriales policiales surgidos desde 2008 representan el reconocimiento de una guerra prolongada que no han logrado definir plenamente los gobiernos sucesivos".
Entre 2007 y 2008, México experimentó una transición doctrinal en materia de seguridad pública marcada por el endurecimiento de las estrategias contra el narcotráfico. El gobierno amplió el despliegue operativo de fuerzas policiales y militares sin consolidar previamente una doctrina clara sobre uso de la fuerza, coordinación institucional y protección de los propios agentes. Esta etapa evidenció la fragmentación del mando y el incremento de agresiones letales contra policías federales, estatales y municipales. "De 2007-2012 mataron más de 2,500 policías federales y más de 2,000 inválidos permanentes, que sigue creciendo".
La institucionalización de memoriales policiales desde 2008 representa el reconocimiento de una escalada excepcional de bajas, la necesidad de legitimar el sacrificio policial y la presión de familias ante el abandono administrativo. "No son monumentos: constituyen dispositivos jurídicos, simbólicos y políticos".
Desde un criterio jurídico-conceptual y a partir de tres ejes: 'doctrina, mando y abandono institucional' puede explicarse la crisis de seguridad iniciada en 2007. La ausencia de una doctrina clara y el intento policial de emplear tácticas militares en seguridad pública, sin lograr redefinir funciones, límites ni responsabilidades, la descomposición ética-profesional de las cadenas de mando, generaron controles ambiguos, dispersión operativa y responsabilidades difusas.
Finalmente, el abandono se manifestó en la insuficiente protección material, jurídica y simbólica a policías muertos, incapacitados y a sus familias. "El gobierno intentó legitimarse con memoriales policiales homenajeando a sus caídos mientras descuidaba a sus sobrevivientes y familias".
Los monumentos policiales establecidos desde 2008 significan más que ceremonias recordatorias: muestran el reconocimiento gubernamental de una violencia persistente y del impacto humano provocado por la política de seguridad. "La autoridad manifiesta su necesidad de justificar el sacrificio policial frente al rezago indemnizatorio y al abandono estructural".
Entre 2006 y 2010 se produjo una escalada inicial de violencia derivada del embate de la seguridad pública y del incremento de operativos contra el narcotráfico, "elevando significativamente las bajas policiales a finales de 2007". De 2010 a 2014, el gobierno institucionalizó el reconocimiento simbólico mediante ceremonias, memoriales y discursos de heroificación del policía caído. Entre 2014 y 2018 la violencia dejó de percibirse como excepcional y se normalizó dentro de las estructuras policiales, profundizando el desgaste institucional y la fragilidad de corporaciones locales. "Finalmente, entre 2019 y 2024, la creación y consolidación de la Guardia Nacional reconfiguró el modelo operativo bajo una lógica militarizada, manteniendo las condiciones estructurales de riesgo, fragmentación doctrinal y rezago en reparación e indemnización al personal policial y familias".
El rezago indemnizatorio evidenció la incapacidad institucional para responder con eficacia a las consecuencias humanas de su estrategia de seguridad. Demoras administrativas, ambigüedad de competencias y sistemas insuficientes de protección social profundizaron el abandono de policías muertos e incapacitados, "trasladando a sus familias los costos económicos, jurídicos y sociales del conflicto".
Conservamos una política de confrontación armada sin doctrina, capacitación, equipamiento y protección policial integral. El problema no se resuelve con más balas ni con desplegar más GN. El fracaso es de doctrina, mando y abandono institucional. Continuar enviando elementos sin inteligencia, cobertura técnica, aérea ni mandos confiables, "solo repite la tragedia con más muertos e inválidos".
El "primer cambio requerido 'es doctrinal' pasando de reaccionar a desarticular". La Guardia Nacional debe limitarse a resguardar carreteras, perímetros e infraestructura estratégica. La investigación nacional debe recaer en una certificada Policía Federal de Investigación integrada con FGR, UIF e inteligencia civil, enfocada en congelar redes financieras, y no en inflar cifras de logros. Además, "ningún operativo debe ejecutarse sin el tiempo perentorio de inteligencia-policial previa".
El segundo eje es el mando operativo-unificado con firma dual civil-militar, controles patrimoniales y policías regionales "certificados" que conozcan el territorio; y el tercero es proteger al elemento con capacitación, equipo acorde a la amenaza, seguro inmediato y evacuación oportuna.
"La prioridad es construir Instituciones policiales profesionales que no improvisan, no son infiltradas, ni abandonan al personal y sus familias".
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.