México enfrenta una transición violenta y profunda en su forma de concebir al Estado. En 1980 surgió el primer Plan Global de Desarrollo y en 1982 se incorporó al Artículo 26 Constitucional la Planeación Pública, entendida como un ejercicio administrativo para organizar programas gubernamentales, distribuir presupuesto y definir metas sexenales. Sin embargo, la complejidad está modificando esa lógica. Hoy, fenómenos como crimen organizado transnacional, presión geopolítica, ciberataques, desinformación, crisis hídrica, dependencia tecnológica y fragilidad energética demuestran que la estabilidad nacional ya no puede sostenerse mediante los mecanismos del actual régimen de gobierno.
Surge así la necesidad del rediseño estratégico del Estado mexicano.
Requerimos evolucionar desde una estructura reactiva y fragmentada hacia un sistema de coordinación, inteligencia y capacidad de respuesta; y la base jurídica se encuentra en el artículo 26 constitucional, que establece la obligación de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Implicando superar el modelo centralizado alrededor del Poder Ejecutivo y del actual Plan Nacional de Desarrollo, sin diagnóstico ni seguridad integral y priorizar proyectos estratégicos en infraestructura y energía.
El primer componente es el diagnóstico situacional permanente, encargado de monitorear variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, energéticas y de seguridad nacional. Su finalidad es detectar factores que comprometan continuidad institucional y objetivos nacionales permanentes.
Privilegiando la Agenda Estratégica Nacional como sistema de priorizar-anticipar amenazas críticas que no deben convertirse en factores de desestabilización. Superando el simple registro teórico de problemas, identificando y atendiendo los que requieren vigilancia inmediata.
Destacando la expansión territorial de organizaciones criminales, infiltración institucional, corrupción gubernamental, señalamientos de Estados Unidos sobre injerencia de organismos terroristas transnacionales y gobiernos de China, Rusia e Irán, dependencia tecnológica externa, vulnerabilidad energética, campañas de desinformación, nuevas disposiciones sobre injerencia extranjera en elecciones con potencial de ampliar discrecionalidad estatal, intrusión del crimen y agresiones contra la libertad de expresión.
La intimidación a periodistas, censura indirecta, espionaje, violencia contra medios y uso político de instituciones para silenciar críticas erosionan el debate público y debilitan controles democráticos. Se debe acabar con la dispersión actual de acciones y buscar contener crisis antes de convertirse en amenazas
El deterioro institucional no es accidental, sino consecuencia de décadas de captura política, corrupción e impunidad que debilitaron la capacidad del gobierno para ejercer autoridad, garantizar legalidad y preservar soberanía. Esa degradación permitió expansión de redes criminales, estructuras de protección política e intereses de facción-grupo que hoy disputan control territorial.
Resulta indispensable un Sistema Nacional de Inteligencia Estratégica que integre información dispersa y convertirla en conocimiento útil; con inteligencia interna-externa: política, financiera, tecnológica, energética, climática y criminal.
En la práctica, suele confundirse la Seguridad Nacional con la Seguridad Pública, encargada de proteger personas y bienes con paz-interna. Bajo cuya lógica, se justifica la reserva de información sobre obras y gastos gubernamentales. Así, asuntos tácticos, administrativos o de infraestructura terminan clasificándose como estratégicos. Encubriendo corrupción, impunidad e injerencia extranjera mediante opacidad institucional, al distorsionar la Seguridad Nacional para proteger intereses políticos y criminales, no amenazas reales al Estado.
Otro elemento esencial del rediseño es la trazabilidad estratégica. Este concepto se refiere a la capacidad institucional para registrar, verificar y reconstruir decisiones del Estado. La trazabilidad permite conocer qué información originó una decisión, qué autoridades participaron, qué acciones fueron implementadas y cuáles fueron sus resultados.
El modelo también exige coordinación interinstitucional permanente. El Estado requiere integrar capacidades del Ejecutivo Federal, sistemas nacionales de información, órganos de seguridad nacional, inteligencia financiera, infraestructura tecnológica y mecanismos de evaluación. Sin interoperabilidad institucional, la capacidad de respuesta frente a amenazas complejas se reduce drásticamente.
Asimismo, el rediseño debe incorporar prospectiva estratégica. Esto implica construir escenarios para prever impactos derivados de conflictos internacionales, crisis económicas, migración, pandemias, fenómenos climáticos o disrupciones tecnológicas.
La transformación del Estado mexicano representa un cambio doctrinal profundo. La planeación deja de ser exclusivamente programática y se convierte en una función permanente de preservación institucional. El objetivo ya no consiste únicamente en administrar recursos públicos, sino proteger intereses nacionales permanentes, garantizar continuidad gubernamental y fortalecer capacidad de adaptación.
La propuesta requiere crear un "Consejo Nacional de Seguridad y Estrategia del Estado" con autonomía técnica, supervisión legislativa y participación permanente de inteligencia civil, fuerzas armadas, Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores y sistemas nacionales de información. Su función sería coordinar prioridades nacionales, anticipar riesgos, evaluar amenazas y emitir directrices obligatorias para todo el aparato gubernamental, evitando improvisación, duplicidad y politización.
México enfrenta un entorno cada vez más competitivo, interdependiente y riesgoso. Los gobiernos que pierden capacidad de control terminan subordinados por el crimen, la corrupción, la censura y los intereses extranjeros globales.
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.