Hace unos días, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el mandato que le da la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, emitió una comunicación notificando al gobierno mexicano su decisión de llevar, ante la Asamblea General de la ONU, el caso de las desapariciones forzadas en México, ya que, de acuerdo a su mandato, hay indicios fundados de que las desapariciones forzadas en nuestro país -miembro de esta Convención- se pueden considerar "generalizadas y sistemáticas".
Cuando el caso se lleva ante la Asamblea General de la ONU para que este enterada de esta situación, implícitamente se pone en evidencia la inacción del gobierno en cuestión, en este caso el gobierno mexicano, para cumplir con lo establecido en la Convención.
El documento que da cuenta de la decisión del Comité, menciona las interacciones que ha tenido por más de una década con el gobierno mexicano y en cada una de éstas, le ha comunicado que la evidencia analizada es suficiente para inferir que la desaparición forzada en México es un problema generalizado y, en muchas ocasiones, cuenta con la participación de personal militar o de seguridad de alguno de los tres órdenes de gobierno.
Cuando la desaparición forzada se lleva a cabo por miembros de la delincuencia organizada, civiles que no pertenecen a ninguna corporación militar o de seguridad, también se puede presumir que el gobierno es culpable debido a la omisión de sus obligaciones para prevenir y evitar este tipo de hechos.
La decisión del Comité de llevar al pleno del Consejo General de la ONU la situación de desapariciones forzadas que, de acuerdo a su análisis, prevalece en México ha llevado al régimen, vía instituciones gubernamentales y a sus principales actores políticos, a descalificar el informe del Comité con un lenguaje y un tono que denotan su molestia con la decisión del Comité.
Al igual que en el caso comentado en estas páginas la semana pasada, la clasificación de México como una "autocracia electoral" por parte de un estudio comparativo del estado de la democracia en el mundo, la decisión del Comité evidencia la inacción del gobierno mexicano respecto de las situaciones forzadas.
En el primer caso, evidencia la tendencia para socavar y disminuir las condiciones necesarias que debería mantener una democracia electoral, el segundo caso, el que nos ocupa hoy, evidencia la omisión para cumplir con sus obligaciones de combatir y evitar de manera efectiva la desaparición forzada y para modificar el marco normativo atendiendo las recomendaciones que a través de los años ha hecho el Comité.
La narrativa del régimen pinta un México en el que todo va de maravilla, en el que los mexicanos somos una nación excepcional en el mundo debido a nuestra riqueza cultural, que la unión de pueblo y gobierno que se hizo en 2018 fue el inicio de una etapa de transformación histórica, al nivel de lo que significaron para México la independencia, la reforma y la revolución.
La publicación y difusión de estos estudios por parte de organismos internacionales, que evidencia el camino que ha tomado el régimen para limitar el ejercicio de derechos y seguir un modelo autocrático, revela que la narrativa oficial no se sustenta en hechos, que, recordando el viejo cuento danés "El traje nuevo del Emperador" la narrativa que quiere imponer el régimen no tiene sustento en la realidad diaria de los cientos de miles de familias que no saben el paradero de sus familiares, de las miles de personas que integran colectivos de búsqueda de desaparecidos porque el gobierno mexicano no ha cumplido por décadas con su obligación más elemental: proteger la vida de sus ciudadanos.
El problema para el régimen es que lo que ha pasado en los últimos siete años y medio es totalmente su responsabilidad, lo cual es evidenciado por recomendaciones como la que hace el Comité para alertar a la comunidad mundial de la falta de medidas efectivas por parte del gobierno mexicano para evitar las desapariciones forzadas.
X: @jesusmenav