La acusación en contra del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo de liderar una organización criminal dedicada al contrabando ilegal de combustible, el llamado "huachicol fiscal" busca equilibrar, ante la opinión pública, las acusaciones que enfrenta el régimen por su supuesta complicidad con el crimen organizado y por presuntamente beneficiarse de la introducción ilegal de combustible al país durante los últimos ocho años.
Este último esquema operó por años sin ninguna traba legal o burocrática debido a que se presume la participación de personas en posiciones de poder al interior del gobierno federal. Si esta hipótesis es cierta, estuvieron coludidos en la importación ilegal de combustible múltiples agencias del gobierno mexicano, desde aduanas hasta el SAT, pasando por PEMEX y la fiscalía federal.
La narrativa oficial es una invitación a normalizar el comportamiento rapaz de la clase política que hoy tenemos e intentar que midamos con la misma vara dos delitos que no tienen la misma dimensión: al exgobernador lo acusan de liderar una red de evasión fiscal por más de 100 millones de pesos, el posible daño a la hacienda pública de la evasión fiscal del esquema que se realizó con la supuesta complicidad de agencias gubernamentales es de 600 mil millones de pesos.
Si se llega a probar incluso una parte de este último esquema, será el caso de corrupción más grande de la historia de México, con el agravante de que implica a agencias del gobierno mexicano en su implementación.
La narrativa gubernamental derivada de la detención del ex gobernador Ruffo es parte de la defensa que ha emprendido el gobierno ante las graves acusaciones formales (por parte de la justicia norteamericana) e informales (las investigaciones periodísticas que evidencian la dimensión del "huachicol fiscal") que pesan sobre algunos de sus miembros.
Al leerse en conjunto, los dos tipos de acusaciones sugieren la posibilidad real de que existan redes de complicidad entre los más altos miembros del régimen con el crimen organizado y también de que sean los autores intelectuales y beneficiarios de la introducción ilegal de combustible al país.
Paradójicamente, las acusaciones que hagan las autoridades norteamericanas a funcionarios mexicanos serán producto, en parte, de la cooperación de sus compañeros de partido, que buscan acuerdos con las agencias norteamericanas para obtener beneficios si llegan a ser acusados por los mismos delitos.
Con la detención del ex gobernador de Baja California y la narrativa posterior, el gobierno mexicano intenta construir un pequeño rompeolas ante el tsunami que representan las acusaciones que vendrán por parte de las agencias de los Estados Unidos a prominentes miembros del gobierno, tanto a nivel federal como en algunos estados con décadas de presencia criminal en sus territorios.
El discurso gubernamental que ha seguido a la captura del ex gobernador Ruffo ilustra como, en sólo ocho años, el movimiento que prometió transformar a México ha transitado del "no somos iguales" que utilizaba como oposición para exaltar su supuesta superioridad moral, a uno que se puede interpretar como "no hay nada de qué preocuparse, somos iguales".
X: @jesusmenav