El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, ya no puede esconder ni tratar de endosar la crisis financiera del estado a la Federación, culpándola por supuestos recortes presupuestales cuando los datos de la Secretaría de Hacienda contradicen tal narrativa. Más aun cuando la propia Secretaría de Finanzas del Estado reconoce un déficit de alrededor de 4 mil 600 millones de pesos.
Los adeudos que mantiene el gobierno estatal con proveedores desde prácticamente todo el tiempo que va del sexenio, además de profundizar la difícil situación económica del sector, son otro indicativo del quiebre de las finanzas de una administración que carece de liquidez suficiente para cumplir con sus compromisos y cerrar 2026 sin medidas extraordinarias.
Finanzas atribuye el faltante a dependencias que comprometieron presupuestos suponiendo que tendrían liquidez, a ingresos propios inferiores a lo estimado y a desfases por mil 600 millones en convenios federales. No obstante, tratar de explicar un supuesto origen no exime a quienes autorizaron gastos sin asegurar recursos para cubrirlos.
Esteban Villegas insiste en que Durango no está en quiebra y atribuye a la Federación un recorte superior a mil millones de pesos. Sin embargo, las cifras de Hacienda demuestran que, de enero a agosto, el Estado tenía calendarizados 27 mil 212.3 millones de pesos y recibió 28 mil 523 millones; es decir, mil 310.7 millones más de lo previsto, un excedente del 4.82 por ciento.
El gobierno anunció reducir el presupuesto previsto de 51 mil 500 a 48 mil 500 millones de pesos. También evalúa adelantos de recursos federales o un crédito de corto plazo para cubrir los déficits quincenales de octubre, noviembre y diciembre. Si se necesita deuda o anticipar ingresos para cumplir obligaciones ordinarias, negar la gravedad del escenario resulta cada vez menos convincente.
Mientras Esteban Villegas discute el nombre de la crisis y dice que las dependencias se fueron en sus gastos como "gorda en tobogán", los proveedores padecen las consecuencias. Coparmex estima que los adeudos con empresas locales rondan los mil millones de pesos. Son negocios que ya entregaron bienes y servicios, pero deben cubrir nóminas, impuestos y financiamientos sin recibir el pago.
En los hechos, el Gobierno del Estado de Durango convirtió al sector empresarial en financiador involuntario de su gasto. Por eso, la exigencia de Coparmex para que las auditorías estatal y federal revisen las obligaciones pendientes es una clara señal de desconfianza hacia el manejo de las finanzas estatales.
A la presión se agregan observaciones de la ASF, como irregularidades por 34.7 millones de pesos en la nómina educativa de la SEED y un desorden financiero superior a 43 millones en el Instituto Duranguense de Educación para Adultos. Estos hallazgos exhiben irregularidades y fallas de control que justifican una revisión profunda.
Lo más preocupante es que nadie sabe dónde quedaron los miles de millones de pesos que hoy aparecen como faltante. La acumulación de adeudos, inconsistencias y observaciones financieras alimenta sospechas de opacidad y posibles actos de corrupción que deben investigarse. Un gobierno que no comprueba dónde quedó el dinero público no solamente enfrenta una profunda crisis financiera, sino también una de credibilidad.
EN LA BALANZA.- Resulta inadmisible que, mientras pacientes tienen que peregrinar por hospitales y farmacias ante la falta de medicamentos en las instituciones públicas de salud, productos que deberían estar destinados a atenderlos terminen comercializándose ilegalmente en tianguis de Durango. El hallazgo no solo exhibe posibles irregularidades en el manejo y distribución de insumos públicos, sino que obliga a investigar su procedencia y determinar quién está permitiendo que medicamentos que deberían salvar vidas se conviertan en mercancía.
X: @Vic_Montenegro