(Canva, archivo)
De acuerdo a la información transmitida por el periodista de Los Angeles Times, Steve Fisher, el gobierno de los Estados Unidos revocó la visa del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante el año 2025.
Visita del embajador
Todo comenzó con la visita del embajador estadounidense Ronald Douglas Johnson a Los Mochis, Sinaloa, donde ocurrió la inauguración del complejo Pacífico Mexinol con una inversión grande de dinero, 3 mil 300 millones de dólares, para ser más precisos.
Pero manifestantes tomaron posesión del lugar de la ceremonia, por lo que tuvieron que moverse para continuar con el evento, provocando que Johnson no compartiera escenario con Rocha Moya.
Sin embargo, el embajador habría soltado variedad de comentarios antes de la inauguración, con materia de la corrupción y sobre cómo debería ser abordada dentro del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), remarcando su postura acerca del tema.
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Rocha Moya en el ojo del huracán
A palabras de Douglas Johnson, indicó que pronto adoptarían medidas dentro del tratado para tipificar a los sobornos como crímenes; se creará una campaña contra la corrupción de políticos mexicanos en Estados Unidos y que, adicionalmente, tomarían acciones legales contra funcionarios mexicanos en cortes estadounidenses, incluidos integrantes de Morena.
«Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito, así que estén atentos».
No es la primera vez que el regidor Rocha Moya se ha visto involucrado dentro de una polémica así. Hay que recordar que en 2024, su rival político, Héctor Melesio Cuén, había sido asesinado en circunstancias misteriosas sin que Rocha dimitiera a su cargo, a pesar del ruido mediático.
Además, se sabe que ha mantenido una amistad cercana con Andrés Manuel López Obrador, por lo que se sospecha que el expresidente pudo haber cubierto su participación en dicho suceso.
A pesar de negar las acusaciones sobre su relación con los carteles, la visa del gobernador morenista fue revocada de igual manera y sin explicación alguna, sumándose a la lista de legisladores que ya no cuentan con tal documento, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.