La fuga de gas registrada en Jardines de Durango, además de exhibir el riesgo de intervenir la vía pública sin identificar con certeza la infraestructura subterránea, puso en evidencia la negligencia de las autoridades municipales. Trabajadores de Aguas del Municipio dañaron una tubería mientras reparaban una fuga de drenaje, obligando a evacuar a empleados y clientes de un centro comercial. Por fortuna, el incidente no acabó en tragedia, pero eso no vuelve aceptable el procedimiento.
El director de AMD, Jesús González Smith, aseguró que días antes solicitaron a las empresas gaseras información sobre la ubicación de sus líneas. Según explicó, una de ellas les indicó que no había tubería debajo de esa acera. Asimismo, señaló que se le pidió entregar los planos digitales. Sin embargo, la explicación resulta poco convincente, pues el proyecto fue autorizado en administraciones anteriores y, para ello, el Municipio debió conservar esos documentos, los que tendrían que haberse consultado antes de iniciar las excavaciones.
Si los planos existían y no se revisaron, hay una falla de procedimiento por parte de AMD. Si la compañía entregó datos equivocados o incompletos, debe responder por ello. Y si los permisos, dictámenes o mapas no estaban actualizados, las autoridades también deben explicar por qué se trabajó sin certidumbre. Lo inadmisible es que, después de una fuga, cada parte apunte hacia la otra mientras la ciudadanía queda expuesta al riesgo.
González Smith añadió, además, que la válvula más cercana estaba a un kilómetro y pidió más válvulas y señalización. Protección Civil debe revisar si esa distancia es adecuada para una zona con viviendas, comercios y escuelas. No obstante, todo eso debió ser un requerimiento antes de que fuera aprobada la instalación de toda la red. Decir que el gas natural es menos riesgoso que el gas LP no resuelve tampoco el problema.
No basta con llamar "accidental" a lo ocurrido ni prometer que habrá mayor comunicación entre ambas partes. No hay excusas. Porque antes de abrir el pavimento debieron verificarse los planos, identificarse las líneas y coordinar los trabajos con la empresa responsable. A eso se le llama prevención; lo demás son explicaciones improvisadas sobre un contexto de alto riesgo, no solo para los habitantes de la zona, sino para muchas otras personas que acuden al centro comercial o a las escuelas que se asientan en la misma.
Y es que existe, además, un antecedente que obliga a tomar las cosas en serio. Como se recordará, en febrero de 2025, una explosión relacionada con una tubería de una de estas empresas, en el fraccionamiento Fidel Velázquez, derrumbó una vivienda y provocó la muerte de una mujer. Con esa lamentable tragedia, la seguridad de las redes de gas no puede depender de la suerte de una cuadrilla. Cada incidente debe dejar medidas correctivas comprobables, no solo argumentos falaces.
Inclusive, hay comunidades que se oponen a la expansión de estas redes de distribución de gas. Una de ellas es Villas de San Francisco, donde vecinos afirmaron que el 98 por ciento de alrededor de mil habitantes rechazó el proyecto por temor a accidentes y daños a las vialidades, dado el antecedente del Fidel Velázquez y de otros hechos ocurridos en distintas partes del país.
AMD debe explicar qué autorizaciones tenía y qué protocolo siguió antes de excavar. El Ayuntamiento debe transparentar permisos y dictámenes, y la empresa aclarar por qué, según el Director, la ubicación de la línea se comunicó incorrectamente. Si hubo fallas, deben determinarse y corregirse. Reparar la tubería no basta: la población merece saber quién falló y cómo se evitará que la próxima excavación ponga en riesgo a toda una comunidad.
EN LA BALANZA.- En Durango, la austeridad parece buscarse mediante medidas absurdas, como cerrar bibliotecas cuyo mantenimiento representa un gasto mínimo para el Municipio, pues varias operan gracias a aportaciones ciudadanas y comodatos que les permiten evitar el pago de rentas. Mientras tanto, el Ayuntamiento crea y alienta dependencias que duplican funciones y engrosan la nómina, como la Gerencia del Centro Histórico. Si la afluencia es baja, la solución debería ser mejorar los servicios y fomentar la lectura, no cerrar las puertas al conocimiento. Ahorrar unos cuantos miles de pesos a costa de la educación y las oportunidades de niñas, niños y jóvenes, mientras se mantienen estructuras burocráticas cuestionables, no es eficiencia administrativa, sino ignorancia disfrazada de austeridad.
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