La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un faltante en la comprobación de obras y contratos irregulares por más de 100 millones de pesos de fondos federales que recibió el gobierno del presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, detenido hace unos días por extorsión y delitos contra la seguridad.
En una revisión a las cuentas de 2022 a 2024, primer periodo de Sánchez Altamirano al frente del gobierno de Juchitán, la ASF halló que no se presentó ninguna evidencia documental que acreditara bienes y servicios conforme a contratos de adquisiciones, además de que no se proporcionaron los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de expedientes de obra pública.