Durango no solo enfrenta un problema de percepción de la impunidad y la corrupción, sino también una realidad en la falla de las instituciones. Hoy, el estado sigue figurando mal en evaluaciones que resultan incómodas para el régimen, como las de entidades donde la justicia simplemente no alcanza y donde las autoridades tienden a ser corruptas.
De acuerdo con la reciente Radiografía de la Impunidad, de México Evalúa, este centro de análisis que se enfoca en el monitoreo riguroso de la operación gubernamental en el país y sus entidades federativas, el estado se encuentra en el nada honroso Top 10 de los estados con mayores índices de impunidad.
En un octavo lugar y con un 94.21 por ciento, Durango no solo rebasa el preocupante promedio nacional, de 89.42 por ciento, sino que confirma una tendencia a la alza en la que delitos, denuncias y corrupción conviven en un sistema que no logra responder, ni mucho menos corregirse.
Interpretado en términos más coloquiales: en Durango, 9 de cada 10 casos no se resuelven. Y eso no es un accidente, sino el resultado de instituciones rebasadas, decisiones políticas deficientes y una estructura de las instancias de justicia que permiten que los expedientes se acumulen hasta volverse irrelevantes.
La impunidad no solo es una estadística, sino además una peligrosísima y constante realidad que se normaliza. Sin embargo, el problema se agrava todavía más cuando se cruza con otro indicador igual de alarmante, como lo es el de la progresiva e imbatible corrupción.
Y es que, aun cuando el estado bajó del primer lugar nacional que ocupó en 2019 con un 25.4 por ciento, continúa entre las entidades con un 15.3 por ciento desde 2023 y, que a la fecha, difícilmente podría haber disminuido. Estamos por encima del promedio nacional que es del 14 por ciento.
El dato más revelador no es cuántos actos de corrupción ocurren, sino cuántos se denuncian: apenas 4.8 por ciento. En otras palabras, el 95.2 por ciento de los casos queda en el silencio. ¿Por qué? Porque casi 3 de cada 10 ciudadanos (29.5 por ciento) consideran inútil denunciar, mientras que un 18.5 por ciento cree que es una pérdida de tiempo. Es la desconfianza institucional hecha número.
Es ahí donde está el círculo vicioso: corrupción que no se denuncia, denuncias que no avanzan y delitos que no se castigan. El resultado es un sistema que no solo falla, sino que desalienta cualquier intento de corregirlo. No es casualidad que 6 de cada 10 actos de corrupción ocurran en contacto con policías, justo en el primer eslabón del sistema de justicia.
Durango lleva años atrapado entre la impunidad y la corrupción; eso es ya innegable. Lo verdaderamente preocupante no es estar en los Top 10, sino la normalización de ese lugar. Porque cuando un estado se acostumbra a no castigar y a tolerar abusos, el problema ya no es solo de los gobiernos, sino también de los ciudadanos que validamos con nuestra indiferencia al sistema.
EN LA BALANZA.- En un Durango donde los hospitales carecen de lo más básico -desde jeringas hasta soluciones fisiológicas-, la ostentación de los funcionarios es ofensiva y políticamente irresponsable. La fastuosa celebración de Carolina Chaparro, administradora de los recursos de Salud, exhibe una desconexión brutal con la realidad que enfrentan pacientes y personal médico. No se trata de cuestionar la vida privada, sino de evidenciar la incongruencia. Y es que mientras el sistema de salud colapsa, quienes deberían garantizar su funcionamiento derrochan sin pudor. En nuestro estado, la crisis no solo es de insumos y medicamentos: es también de sensibilidad y de ética pública.
X: @Vic_Montenegro