E L Instituto Mexicano del Seguro Social no nació formalmente al finalizar la lucha armada de la Revolución Mexicana, pero sí es fruto directo de sus ideales y de nuestro marco constitucional. Bajo esa premisa, el objetivo era que esa institución -como otras- se midiera por la confianza que depositaran en ella millones de personas beneficiarias. Al menos, ese era el sueño.
Caso contrario, en la actualidad, el Seguro Social es una de las instituciones mexicanas más cuestionadas y menos atendidas en todo el país. Los casos ocurridos recientemente en Durango capital; en Guadalajara, Jalisco; y en Mexicali, Baja California, son solamente el más reciente reflejo de esas fallas y de un triste fracaso del gobierno mexicano.
En Durango, cinco recién nacidos murieron en el Hospital General No. 1, en medio de un brote bacteriano que todavía se investiga. En Jalisco, tres bebés fallecieron en el Centro Médico de Occidente, donde se detectaron la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans. Las familias han denunciado presuntas omisiones, falta de información y dudas sobre los protocolos para enfrentar infecciones.
El caso de Mexicali no es menos desconcertante: dos recién nacidas fueron entregadas a familias equivocadas y permanecieron cerca de un mes con quienes no eran sus padres biológicos. El IMSS reconoció el hecho como un grave error y anunció una investigación. No obstante, sigue alarmando la gravedad de tanta desatención en los controles.
El IMSS aparece, de manera recurrente, entre las instituciones que acumulan más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos estatales por posibles violaciones al derecho a la salud. Las denuncias incluyen desabasto de medicamentos, negativas o retrasos en la atención, largas esperas, errores médicos, maltrato e infraestructura deficiente.
Más allá de la disculpa de Zoé Robledo ofrecida a las familias de los bebés fallecidos, el perdón solo podría adquirir sentido si llega acompañado de una investigación convincente, justicia, reparación del daño y, sobre todo, cambios concretos que garanticen que casos como estos no vuelvan a ocurrir jamás.
Lo que hace falta, además, es que el gobierno mexicano haga fuertes y constantes inversiones en el sector salud: infraestructura, equipamiento, medicamentos disponibles, más personal médico y de enfermería, capacitación permanente y protocolos estrictos de control de infecciones e identificación de pacientes.
Al final de todo, la cuestión no es si el IMSS lamenta lo ocurrido en Durango, Jalisco y Baja California, porque eso es lo menos que puede hacer. La pregunta del millón es cuánto estaría dispuesto el Estado a cambiar las instituciones, para que las disculpas no se conviertan en una respuesta habitual después de cada tragedia. La prevención también es una forma de rendición de cuentas.
EN LA BALANZA.- La descarga de aguas residuales hacia el río Tunal, cerca de El Arenal, no puede convertirse en otro problema ambiental ignorado hasta que el daño sea irreversible. Lo relevante es que la denuncia no quedó solamente en el reclamo vecinal, pues el regidor Francisco Franco Soler acudió personalmente al sitio para acompañar a los habitantes, documentar lo ocurrido y exigir que Aguas del Municipio de Durango y las autoridades competentes verifiquen si se cumplen las normas para el tratamiento del agua. Ahora corresponde investigar y corregir cualquier irregularidad, porque los malos olores pueden ser molestos, pero una descarga sin el tratamiento adecuado puede terminar convirtiéndose en un problema sanitario y ambiental mucho mayor.
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