La 4T enfrenta una crisis que no se resuelve lanzando consignas contra el pasado. Andrés Manuel López Beltrán, Guadalupe Taddei y Rubén Rocha Moya protagonizan controversias distintas, pero con un efecto común que abate la promesa de que la llamada "Cuarta Transformación" llegó para hacer las cosas de manera diferente. El costo político alcanza inevitablemente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Andy es un problema para Morena desde dentro. Como secretario de Organización, las acusaciones sobre tráfico de influencias, contratos irregulares y cercanía con operadores empresariales tienen alcances políticos. López Beltrán las atribuye a una campaña negra, pero negarlas no sustituye su obligación de aclararlas. Para un partido que hizo de la austeridad y la honestidad sus banderas, la sospecha de privilegios resulta corrosiva.
También está en juego el control político. Y es que Andrés Manuel Jr. participa en la organización de Morena y en los reacomodos que definirán candidaturas a diputaciones federales para 2027. Su protagonismo alimenta la percepción de que el partido sigue orbitando alrededor del poder familiar del expresidente AMLO, justo cuando Sheinbaum necesita consolidar su liderazgo.
Guadalupe Taddei abrió otro frente no menos catastrófico para la 4T: la confianza en el árbitro electoral. Los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contratos millonarios vinculados con su entorno familiar, no solo debilitan la percepción de imparcialidad del Instituto Nacional Electoral, sino que también carcomen al Movimiento de Regeneración Nacional.
La llegada de Taddei a la presidencia del INE, en marzo de 2023, se dio mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, en el que la mayoría parlamentaria de Morena y aliados impulsó y avaló su designación. Contó, además, con el respaldo público del entonces presidente López Obrador, quien la calificó como una persona honesta e íntegra, cualidades hoy seriamente cuestionadas por los señalamientos en su contra.
El caso de Rubén Rocha Moya es más delicado por su dimensión de seguridad. El Gobernador de Sinaloa, con licencia, enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como cuestionamientos por transferencias millonarias y contratos que habrían beneficiado a empresas relacionadas con familiares. Las solas acusaciones contra el morenista pulverizan la consigna de honestidad que pregona el movimiento.
La distancia que Claudia Sheinbaum ha marcado frente a Rocha Moya, incluso al calificar de imprudente su intento de regresar al cargo sin consultar a la Federación, revela que en Palacio Nacional entienden el riesgo. Sin embargo, deslindarse no basta, pues hace falta claridad sobre las investigaciones y que se acrediten responsabilidades, de las que, a todas luces, ya existen indicios. El proyecto no puede ni debe administrar silencios.
Al final de cuentas, los tres casos son equivalentes por el desgaste que provocan. Andy enfrenta señalamientos difíciles de refutar; Rubén Rocha, acusaciones graves que ameritan consecuencias que no llegan; y Taddei, cuestionamientos sobre la integridad electoral y privilegios que la colocaron al frente del INE. Reunidos, son muestra del lastre de un movimiento que se dice diferente y no pueden verse de otra manera.
La 4T prometió no ser igual que los gobiernos del PRIAN, pero esa diferencia no se acredita repitiéndola, sino investigando sin excepciones, transparentando contratos y asumiendo consecuencias. Si ante cada escándalo la respuesta es cerrar filas o desacreditar a quien señala y cuestiona, la transformación terminará siendo parte de aquello que juró combatir.
EN LA BALANZA.- El reclamo de Coparmex deja al descubierto una realidad incómoda para el gobierno de Esteban Villegas: mientras presume inversiones, crecimiento y generación de empleos, mantiene en la incertidumbre a empresas que ya cumplieron con sus contratos y siguen esperando que el Estado les pague. La opacidad sobre el monto de los adeudos y la ausencia de un calendario para liquidarlos no hacen más que alimentar las dudas sobre el manejo de las finanzas públicas. No es aceptable que la administración estatal traslade sus problemas de liquidez a los proveedores y ponga en riesgo la operación de negocios locales. Si el gobierno exige cumplimiento a los ciudadanos y empresarios, también debe empezar por cumplir sus propias obligaciones.
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