El proceso electoral concurrente (federal y en entidades federativas) 2026-2027 comenzó formalmente el pasado jueves 10 de septiembre con la reunión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
A diferencia de procesos electorales anteriores, este inicia con alertas desde las mismas consejerías del Consejo General, no solamente desde la sociedad civil o desde los partidos de oposición.
Al menos tres consejerías del INE han advertido sin ambages el riesgo de que la flexibilización de reglas y candados que regulan las etapas en los procesos electorales, eventualmente resten credibilidad a los resultados que proporcione la institución.
Lo que acaba de suceder en el Consejo General del INE es una pieza más en el rompecabezas que ha armado el régimen para debilitar la independencia y autonomía de las autoridades electorales, que tienen el encargo constitucional de fungir como garantes, ante las y los ciudadanos, de que los procesos electorales se lleven a cabo con imparcialidad y respetando los principios constitucionales que los rigen.
Los cambios procedimentales aprobados recientemente facilitan al régimen inmiscuirse en el desarrollo de las elecciones y, eventualmente, en la legalización de hechos que ni siquiera deberían estar a discusión, como es el caso de las llamadas "boletas planchadas".
En cuanto al primer cambio que ha sido alertado por los miembros de la oposición y sociedad civil tiene que ver con la eliminación del requisito de validar, mediante compulsa, que quienes participen como observadores electorales en las casillas, no sean miembros de los llamados "servidores de la nación" o de un partido político, ahora es suficiente con una carta bajo protesta de decir verdad.
En la práctica, lo que esto significa es que el régimen podría tener una proporción muy alta de personas afines en las casillas y, eventualmente, incidir en el conteo de los votos a nivel de casilla.
La otra modificación que ha sido criticada por la oposición y por la sociedad civil tiene que ver con las "boletas planchadas", es decir, boletas que no fueron dobladas al introducirse a la urna, lo que es imposible si uno analiza el proceso de emisión de votos.
Si hay boletas que no tienen los dobleces necesarios para poderlas introducir a la urna, entonces existe un indicio de que no fueron manipuladas por una persona.
Estos cambios son difíciles de entender si uno supone que el Consejo General del INE pretende ser independiente, pero son muy fáciles de entender si uno analiza al Consejo desde la óptica de cooptación de instituciones que ha emprendido el régimen.
Como cándidamente ha aceptado un vocero del oficialismo, aunque la destrucción institucional del INE era posible a nivel legislativo, como lo hicieron con el Poder Judicial, prefirieron no hacerlo.
Claramente no lo hicieron por el costo político que significaba una medida de esta naturaleza. Era menos costoso políticamente cooptarlo con personas afines que promovieran cambios institucionales para degradar la calidad de nuestra democracia, los cuáles han sido validados por el órgano jurisdiccional electoral, igualmente cooptado por el régimen.
La degradación de las instituciones electorales que ha emprendido el régimen desde 2018, cooptando o amenazando a quienes no coinciden con su visión de país, nos tiene a las puertas de la elección de 2027 con instituciones electorales convertidas en una caricatura de lo que sus impulsores, paradójicamente algunos de ellos hoy en el poder, imaginaron y construyeron a lo largo de décadas mediante acuerdos con el régimen priista, con la finalidad de dar certeza y legalidad a la voluntad de las y los ciudadanos.
X: @jesusmenav