E N su discurso al rendir protesta como Presidente Constitucional para el período 2018 - 2024, el expresidente López Obrador dijo lo siguiente: "Ahora la deuda es de 10 billones. Nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil millones de pesos. Por eso, ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso.
"No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares."
Este régimen, que comenzó en 2018 con la promesa de no aumentar la deuda del país, hoy, sólo ocho después, tendremos un máximo histórico de casi 22 billones de pesos al autorizar el legislativo un aumento en la deuda nacional por 1.7 billones de pesos durante el ejercicio 2027.
Esto significará un aumento de más del 100% de la deuda que recibió el régimen a finales de 2018, que era de alrededor de 10.5 billones de pesos. El monto que el gobierno destinará al servicio de la deuda en 2027 será de 1.6 billones de pesos, también el doble de la cantidad que hace 8 años escandalizaba al expresidente López Obrador.
Ahora, ocho años después, las autoridades hacendarias y la Presidenta no parecen escandalizarse por el monto de la deuda ni por el dinero público que se destinará al servicio de ésta en 2027.
La aprobación anual del paquete presupuestal para el ejercicio siguiente es la pauta para entender en donde las están las prioridades de cada gobierno e, indirectamente, indica cuáles son sus puntos débiles.
En el caso de la deuda del gobierno, estamos ante una situación que en pocos años se puede volver insostenible. La respuesta de las calificadoras de riesgo al paquete presupuestal para el año entrante no se hizo esperar y, al menos una calificadora, bajó el nivel de la deuda mexicana, todavía en el grado de inversión, pero da a entender un deterioro de la situación financiera de nuestro país, sobre todo debido al nivel de deuda que tiene el gobierno.
Sin una propuesta para una reforma fiscal y con gastos que no pueden disminuir, como las pensiones y las becas, que están en la Constitución y forman parte del gasto corriente, cada vez existe menos margen de maniobra para el Gobierno Federal.
Si seguimos por este camino, pedir prestado para pagar gasto corriente, en lugar de invertir ese dinero en infraestructura que genere más riqueza en el mediano y largo plazo, lo que estamos haciendo como país es pasarle la responsabilidad de pagar esa deuda y sus intereses a las próximas generaciones, sin haberles dado los recursos (infraestructura, educación, salud), para hacerlo.
Existe un elemento adicional que será necesario tomar en cuenta en los próximos años: si el país pierde el grado de inversión, tendrá que pedir prestado a tasas más altas, lo que sería el inicio de una espiral que tendría efectos negativos por varios años.
El aumento de la deuda pública hasta llegar al doble de lo que recibieron en sólo ocho años es una señal más de la pésima administración del país durante este régimen. De la eliminación de la corrupción y el influyentismo, otras mentiras del régimen, ya se ha escrito mucho.
X: @jesusmenav