México enfrenta desde hace años una crisis persistente de violencia, inseguridad y debilitamiento institucional; y la dimensión menos aceptada del problema es que sus efectos han dejado de ser exclusivamente nacionales. Lo que durante décadas fue considerado un desafío interno ha terminado proyectándose hacia el exterior, afectando estabilidad regional, cooperación internacional y la percepción estratégica del país. La internacionalización de las consecuencias del descuido interno constituye hoy uno de los mayores retos para el Estado mexicano.
La Seguridad Nacional identifica y anticipa previniendo riesgos que puedan afectar los intereses permanentes del país mediante la seguridad interior que conserva la estabilidad institucional; la seguridad militar protege soberanía y territorio; la seguridad pública combate violencia y delincuencia; y la seguridad policial que mantiene el orden y aplica cotidianamente la ley. Cada una cumple una función específica dentro de una arquitectura estatal diseñada para preservar a la nación desde distintos niveles.
Recientemente, el gobierno de México decidió que la expansión interna-externa del crimen organizado fuera tratada como un problema de seguridad pública. Convirtiendo el fenómeno criminal en una amenaza para la gobernabilidad, desarrollo económico, cohesión social, control territorial y el ejercicio efectivo de la autoridad. Permitiéndole evolucionar como amenaza multidimensional.
El abandono de las dimensiones estratégicas permitió que los grandes cárteles mexicanos dejaran de ser simples organizaciones contrabandistas de drogas para transformarse en actores con capacidad corruptora, influencia política, económica y territorial. Disputando control de territorio intervienen en economías locales, condicionan movilidad de las personas, actúan en procesos político-electorales y sustituyen gobiernos en su función reguladora.
La consecuencia inevitable fue la ampliación de sus redes de operación, financiamiento y logística hacia múltiples países, integrándose a circuitos ilícitos de alcance continental y global. El tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, la migración irregular controlada por grupos criminales, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la ciberdelincuencia y otras economías ilícitas han convertido a nuestros cárteles en actores con capacidad para impactar la seguridad de otros Estados.
Como resultado, la inseguridad mexicana comenzó a ser observada por gobiernos externos como un riesgo para sus propios intereses nacionales. La estabilidad fronteriza, la salud pública, los flujos financieros ilícitos y la seguridad hemisférica forman hoy parte de una misma ecuación. Lo que consideramos como un simple asunto doméstico se convirtió en un tema de interés estratégico internacional.
La diplomacia mexicana enfrenta uno de sus mayores retos históricos. Nuestra política exterior, construida históricamente sobre principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias, ve afectada su posición estratégica por la expansión del problema criminal; y la provocación de reclamaciones diplomáticas, invalidan la capacidad para invocar nuestros principios tradicionales que son ejemplo mundial de convivencia global.
La defensa de la soberanía ya no depende de evitar injerencias externas. También exige demostrar que nuestro régimen conserva el control efectivo de su territorio-instituciones-funcionarios, y los fenómenos que pueden afectar a socios y vecinos. Cuando las amenazas originadas internamente producen efectos internacionales, la diplomacia es parte sustantiva de la estrategia gubernamental para gestionar riesgos, construir confianza y fortalecer mecanismos de cooperación.
Nuestro problema actual es que las acciones tácticas y operativas han absorbido la atención gubernamental. La narrativa oficial gira alrededor de despliegues, detenciones y aseguramientos, mientras la reflexión estratégica sobre gobernabilidad, corrupción, desarrollo, inteligencia, control territorial y proyección internacional permanece insuficientemente desarrollada. Actuamos por reacción, y no por prevención.
Reconstruyamos nuestra arquitectura de Seguridad e Inteligencia basada en funciones claramente diferenciadas y complementarias. La seguridad nacional debe recuperar su papel como instrumento de conducción y avance estratégico; la seguridad interior, fortalecer la estabilidad institucional; la seguridad militar concentrarse en la defensa nacional y apoyo a las seguridades internas; la seguridad pública en la reducción de la violencia y el delito; y la seguridad policial en la protección ciudadana cotidiana. Paralelamente, el régimen de gobierno debe asumir que la seguridad interna y la diplomacia son dimensiones inseparables de un mismo desafío.
La principal lección del pasado reciente es que México no enfrenta únicamente una crisis de seguridad pública, sino las consecuencias acumuladas de haber permitido la expansión de organizaciones criminales, la degradación institucional y la captura de espacios gubernamentales, proyectando sus efectos sobre la seguridad regional, la confianza internacional y en la propia capacidad de gobierno para garantizar plenamente la soberanía interna que el pueblo le confió.
Recuperar la anticipación estratégica, fortalecer las instituciones y reconstruir la capacidad de gobierno ya no constituye únicamente una necesidad interna. Es una condición indispensable para preservar la soberanía nacional, restaurar la credibilidad internacional y retomar la posición estratégica de México en el mundo.
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.