(Canva)
Ante la solicitud de los Estados Unidos por el arresto expreso de una figura política de la república mexicana, se anunció la postura por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum por medio de la consejera jurídica, quien se ha tomado la molestia de explicar los motivos de la decisión que se ha tomado en relación al caso.
¿Qué sucede?
Recientemente, las autoridades norteamericanas han emitido una solicitud de aprehensión inmediata con fines de extradición en contra de nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad federativa de Sinaloa, entre ellos, contra el actual gobernador Rubén Rocha Moya.
El motivo detrás de esta situación se debe a presuntos vínculos de dichos individuos con el Cartel de Sinaloa; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pospuesto la acreditación de la petición para una inspección con mayor detenimiento debido a motivos de índole técnica que esto conlleva.
Esto se debe a que los solicitantes no presentaron evidencia suficiente para justificar dicha acción en contra de Rocha Moya; por ende, la exigencia no ha sido cumplida de momento, requiriendo consigo una investigación para proceder de acuerdo a los marcos legales.
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¿Por qué no ha procedido la detención?
De acuerdo con la información declarada durante una conferencia llevada a cabo este lunes 4 de mayo por la nueva consejera jurídica del Gobierno Mexicano, Luisa María Alcalde, remarcó que existen diferencias clave entre una solicitud de detención provisional y una petición de extradición formal, esto con el fin de evitar confusiones, y con ello la desinformación.
Una solicitud de detención provisional se emplea cuando el país solicitante requiere que se detenga a una persona mientras se termina de concretar una solicitud formal, siendo necesario que cuente como urgencia legal para ser válida. Mientras tanto, una solicitud de extradición requiere de un proceso más amplio, siendo obligatorios los siguientes factores:
- Una descripción detallada del delito en cuestión.
- Pruebas suficientes e inequívocas que vinculen al acusado con el crimen.
- Una orden de arresto vigente emitida por una autoridad judicial.
- Documentación pertinente que cumpla con los tratados internacionales firmados entre ambas naciones.
Ante la falta de elementos que demuestren la culpabilidad del gobernador sinaloense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha pedido formalmente información adicional al Gobierno de los Estados Unidos; una vez se cumpla con lo exigido, un juez de control mexicano podrá emitir una opinión jurídica para que la Cancillería dicte un acuerdo para proceder.