Proponen en Durango tipificar fraudes en rentas de inmuebles
Las personas que publiquen anuncios falsos de casas o departamentos en renta, sin tener facultades legales para ofrecerlos y que obtengan dinero mediante depósitos, anticipos o pagos para apartar los inmuebles, podrían ser sancionadas por fraude.
Esto en caso de aprobarse una iniciativa que busca incorporar expresamente esta conducta al Código Penal del Estado, en la fracción II del artículo 211, donde se busca incluir a quienes, mediante medios electrónicos o plataformas digitales, simulen tener autorización para arrendar una propiedad y reciban dinero de posibles inquilinos, ocasionándoles un perjuicio económico.
La iniciativa fue presentada por el diputado local Alejandro Mojica Narváez, quien refirió que el planteamiento busca atender la modalidad conocida como «monta rentas», en la que personas ofrecen inmuebles que no les pertenecen o sobre los que no tienen autorización para conceder su uso. Para concretar el engaño, pueden utilizar fotografías de propiedades ajenas, identidades o documentos simulados y anuncios publicados en redes sociales y plataformas de compraventa o alojamiento.
De acuerdo con la exposición de motivos, las víctimas suelen entregar depósitos, anticipos de renta o pagos para apartar una vivienda, bajo la presión de que existen otros interesados o de que deben asegurarla de inmediato. Después de recibir el dinero, los responsables interrumpen la comunicación y las personas descubren que el inmueble no está disponible o que quien lo ofrecía carecía de facultades para hacerlo.
La reforma busca precisar que la conducta constituye fraude cuando existe la intención de obtener un lucro indebido, se simula contar con derecho para arrendar el inmueble y se ocasiona un daño patrimonial.
Las sanciones aplicables serían las que establece el artículo 212 del Código Penal estatal para el delito de fraude, las cuales varían según el monto del perjuicio económico. Cuando el valor de lo defraudado no exceda de 15 UMA, se contemplan de seis meses a dos años de prisión o multa de 36 a 144 UMA; si supera ese límite, pero no rebasa 90 UMA, la sanción es de uno a cuatro años de cárcel o multa de 72 a 288 UMA. Para montos mayores de 90 y hasta 600 UMA, se prevén de dos a seis años de prisión y multa de 144 a 432 UMA; cuando el daño supera las 600 y no excede de tres mil 500 UMA, la pena aumenta a entre cuatro y ocho años de cárcel y de 288 a 576 UMA de multa.
En los casos cuyo monto sea superior a tres mil 500 UMA, se establecen de seis a 12 años de prisión y multas de 432 a 864 UMA.