Con las últimas reformas constitucionales el régimen parece empeñado en demostrar que puede romper, si es que existe, el récord mundial de la aprobación más rápida de reformas a nivel constitucional. En pocos horas, las dos cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales estaban en la ruta de aprobar las iniciativas que le atribuyó al INE la facultad para invalidar candidaturas que pudieran estar ligadas al crimen organizado, obligándolo a realizar una tarea para la que no tiene atribuciones, además, se aprobó aplazar la elección judicial por un año, de tal manera que se llevará a cabo en 2028 y se añadió la causal de la intervención extranjera para anular elecciones.
Cualquiera de estas reformas tiene elementos de crítica, como ya lo han señalado diversos analistas e incluso fueron rechazadas por diputadas y diputados del régimen, que se abstuvieron de votarlas. Por señalar sólo una, que incluso hizo una ex ministra que es legisladora de la mayoría legislativa, se abstuvo de votar a favor de la causal de nulidad de elecciones debido a la injerencia desde el extranjero ya que no se definen sus alcances, con lo que pueden definirse de manera tan amplia que se adapte a las necesidades del régimen. Además, con los organismos electorales cooptados cualquier propuesta del régimen para anular alguna elección adversa será ejecutada con prontitud.
En esta entrega quiero hacer notar la rapidez del proceso legislativo que se llevó a cabo para aprobar, en tiempos cada vez menores y sin discusión alguna, las reformas constitucionales y normativas que regirán el proceso electoral que culminará en la elección del 6 de junio de 2027 y que sirve a la perfección para ilustrar la degradación de la calidad de la democracia en el país, a lo que me referí hace algunas semanas cuando comenté el reporte anual del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, el cual ubica a México como una "autocracia electoral", que ha modificado las instituciones formales e informales que regulan la transmisión del poder con la finalidad de favorecer al régimen dominante.
Concentrar todo el poder de las instituciones del estado alrededor de una persona o de un grupo muy reducido de personas tiene como resultado el tipo de acciones que estamos viendo. Reducir el papel del poder legislativo a una simple oficialía de partes, que sirve solo para procesar las decisiones que se han tomado desde el ejecutivo (y en este sexenio, muy probablemente desde otros lugares más allá de Palacio Nacional) en lugar de ser un espacio de discusión y deliberación, tendrá consecuencias más allá de ubicar la calidad de la democracia en el país en una espiral negativa.
El discurso nacionalista servirá de poco ante la realidad que, de continuar por este camino, eventualmente llegará: un país en riesgo de perder el estatus de grado de inversión para sus instrumentos de deuda, la presión política en diversos frentes por parte de los Estados Unidos y la exigencia de réditos más altos por parte de inversionistas internacionales para arriesgar sus recursos a un país sin certeza jurídica, ya que quienes aprueban las leyes y quienes se encargan de hacerlas cumplir están sujetos a la voluntad de una persona o de un grupo muy pequeño de personas.
X: @jesusmenav