E L cierre de los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión suele dejar temas pendientes, pero en esta ocasión resaltó una propuesta que obliga a un análisis sobre el futuro de nuestro sistema democrático. Me refiero a la iniciativa firmada por varios legisladores de Morena, entre ellos, la ministra en retiro Sánchez Cordero, el diputado Ramírez Cuéllar y el senador Javier Corral, quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de modificar la ambiciosa reforma judicial.
Su planteamiento central es cambiar la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a junio de 2028; esta propuesta coincide con las recientes declaraciones de la presidenta Sheinbaum sobre la necesidad de evaluar la viabilidad del proceso el próximo año, y se alinea con las advertencias técnicas de la presidencia del INE, que ha calificado como "materialmente imposible" la logística de una elección judicial tan robusta en pleno de un proceso electoral federal intermedio.
El 2027 será mucho más que una renovación de las 500 curules de San Lázaro; será un año de intensa actividad electoral con 17 gubernaturas en juego y elecciones en todos los estados. Sumar a este escenario la elección de otros 800 cargos judiciales federales, más las respectivas elecciones de los niveles locales, crea un reto de ingeniería electoral que se ve extremadamente complicado.
La experiencia que tuvimos en Durango y Veracruz durante 2025 fue un laboratorio muy revelador, ya que aquí se probó la convivencia de los modelos tradicional y judicial. El saldo dejó lecciones claras: el ciudadano se enfrentó a más de 10 boletas, a la confusión de acudir a distintas casillas y a un método de votación por recuadros que requiere una pedagogía electoral mucho más compleja.
Si a esto añadimos la doble logística de contratación, impresión y distribución, junto con la restricción de que los partidos políticos no pueden participar en la promoción judicial, el ideal de una elección "más eficiente y austera" termina chocando con la realidad operativa.
Como bien señala la iniciativa presentada, la simultaneidad de procesos genera una saturación informativa que nubla el juicio ciudadano, aumenta el riesgo de politizar los perfiles y debilita la deliberación técnica. Separar la jornada judicial permitiría que esta cuente con su propio espacio de reflexión y escrutinio. Además, la propuesta va más allá de la agenda del calendario; también contempla la creación de un Comité Único de Evaluación para profesionalizar la selección, la sustitución del simple promedio académico por una certificación de competencias a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial e incluso una reestructura funcional de la Suprema Corte para operar mediante secciones especializadas.
El diagnóstico es claro y las propuestas son concretas. Sin embargo, el obstáculo ahora no es técnico, sino político y temporal. Para que estas modificaciones constitucionales sean una realidad, la ventana de oportunidad se reduce a este mes de mayo. La pregunta queda en el aire: ¿habrá la voluntad política para priorizar la eficacia del sistema de justicia sobre la urgencia de los plazos originales?
X: @omarortegasoria