La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, desató un choque frontal en la Comisión Permanente. El oficialismo lo presentó como "rey del huachicol fiscal" y lo vinculó incluso con el Cártel de Tijuana, mientras la oposición respondió que el caso es una cortina de humo para evadir el escándalo de huachicol fiscal del sexenio anterior.
Los panistas sostuvieron que Ruffo es el primer preso político del gobierno federal y reprocharon que las acusaciones contra Rubén Rocha y Enrique Inzunza, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, permanecen sin acción de la Fiscalía. El debate avanzó entre ausencias notorias: Ricardo Anaya, Manuel Añorve y Alejandro Moreno no acudieron; del lado oficialista faltó Gerardo Fernández Noroña.
Mientras tanto, el futuro judicial de Ruffo y siete acusados más permanece en manos de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien conduce la audiencia por videoconferencia y a puerta cerrada. La defensa ya respondió a los señalamientos de la FGR y la juzgadora deberá determinar si existen elementos para vincularlos a proceso por crimen organizado y contrabando de combustible.
En paralelo, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, pidió al Tribunal de Disciplina Judicial revisar la actuación del juez que suspendió una orden de aprehensión previa contra Ruffo, al considerar que frenó indebidamente un delito que, dijo, amerita prisión preventiva oficiosa.